VALLADOLID, 16 de octubre.

En un giro impactante en el caso de la 'trama eólica', el empresario Ricardo Fuster ha revelado declaraciones sobre antiguos funcionarios de la Junta de Castilla y León. Durante el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Valladolid, ha mencionado al fallecido Tomás Villanueva, antiguo consejero de Economía. Según Fuster, el Ente Regional de la Energía (EREN) lo citó como una figura clave detrás de las instrucciones que condicionaban la aprobación de proyectos eólicos anclados en la colaboración con socios locales.

Los testimonios presentados en el tribunal han señalado que los empresarios enfrentaron un presunto esquema de coerción. Fuster, que dirigía Canon Power, detalló cómo el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y otros funcionarios del EREN, le obligaron a incorporar capitales locales en sus proyectos para evitar que quedaran paralizados. "Incluso llegamos a decir que si había que empadronar a mi suegra para conseguirlo, lo haríamos", ironizó Fuster al recordar las tácticas utilizadas por el EREN para forzarlo a ceder a los requerimientos.

A pesar de que nunca conoció personalmente a Villanueva, Fuster dejó claro que los mensajes eran contundentes: sólo recibirían autorización si aseguraban la participación de socios locales. A través del EREN, le ofrecieron conectar sus proyectos con empresas como Collosa o Grupo Norte, aunque el empresario criticó que las propuestas eran irreales y carentes de conocimiento sobre el sector.

“Las condiciones que nos impusieron eran absurdas. Cuando empezaron a soltar ideas sin fundamento, decidimos levantarnos de la mesa”, afirmó. Finalmente, Fuster vendió sus proyectos a Iberdrola por un valor mucho menor al que hubieran podido obtener si hubiesen estado más avanzados, una decisión hiriente después de un largo periodo de estancamiento. "Estábamos cansados de un proceso infinito", concluyó el testigo, quien corroboró su experiencia con fuertes críticas por parte de su hermano.

En el mismo sentido, Manuel Fernández García, exdirector de IDER, también se unió a las preocupaciones expresadas por Fuster. Bajo su administración, aunque su empresa tenía un trasfondo local al contar con el respaldo de Caja Duero, se vio obligado a ceder parte de su accionariado a empresas locales como Collosa e Iberdrola para avanzar con sus proyectos. Tal como Fernández denunció, las obligaciones impuestas a IDER eran un reflejo de cómo el viceconsejero Delgado favorecía intereses externos sobre aquellos con verdaderas raíces en la región.

Refiriéndose al proceso de autorización, el exdirector de IDER destacó que aunque ya habían logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su situación era compleja. A partir de 2004, fueron encajonados junto a otros muchos proyectos, resultando en un estancamiento sin precedentes debido a la intervención del nuevo Gobierno regional que centralizó el control sobre las autorizaciones. A pesar de cumplir con los requisitos necesarios, los proyectos de IDER se vieron atrapados en un entramado burocrático que frenó su progreso.

Fernández García criticó que sus proyectos, que estaban mucho más avanzados que otros en similar situación, no recibieran la atención que merecían. Sus intentos por obtener la autorización requerida se vieron frustrados a pesar de los esfuerzos constantes para abordar la situación administrativamente, lo que culminó en un periodo de desilusión y fatiga corporativa.

Un episodio revelador ocurrió cuando, tras meses de espera, se le comunicó que el viceconsejero tenía reparos con respecto a la composición del accionariado de IDER, indicando que la inclusión de empresas como Collosa e Iberdrola era un requisito, a pesar de su conexión local con la comunidad a través de Caja Duero.

Las maniobras de la Junta, según Fernández, no sólo fueron irregulares, sino que además priorizaban a empresas menos locales que IDER. Este ambiente de coerción y presión culminó en la venta de la participación de IDER a la empresa SINAE, hoy EDP, ante el temor de enfrentar complicaciones adicionales en la aprobación de sus proyectos.

A la hora de la venta, la propuesta inicial de IDER se tasaba en 280 millones de euros, un número que el director del EREN descalificó como excesivo, insinuando que alteraría el mercado. Finalmente, la transacción se cerró en 28,5 millones de euros, un monto que Fernández considera desproporcionadamente bajo y presionado por las demandas de la Junta para ceder parte del control local. "El señor Delgado debió firmar y no lo hizo en un proceso que tiene que ser reglado, no discrecional", lamentó el fundador de IDER, quien se ha presentado como parte en el caso.