VALLADOLID, 9 de octubre. Hoy, la política segoviana ha tomado un giro inesperado. El procurador del PSOE por Segovia, José Luis Vázquez, ha anunciado su renuncia al acta de parlamentario autonómico tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TJCyL) de asumir la competencia para investigar presuntas irregularidades durante su mandato como alcalde de El Real Sitio de San Ildefonso, un cargo que ocupó desde 2007 hasta 2019.

La dimisión de Vázquez sigue a una reacción contundente por parte del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y la Comisión Ejecutiva del PSCL. Estos han instado a la dirección del partido a abrir un expediente contra el político, lo que ha llevado a su suspensión temporal de militancia y a su salida de la Ejecutiva Autonómica, donde desempeñaba la Secretaría de Desarrollo Sostenible. Patricia Gómez Urbán, portavoz del grupo, comunicó la decisión en una rueda de prensa celebrada hoy.

Con la salida de Vázquez, el PSOE se verá obligado a incorporar a un nuevo representante en el Parlamento autonómico. Sergio Iglesias, quien ya ha ocupado un escaño anteriormente, es el siguiente en la lista y tomará posesión en breve.

Recientemente, se ha conocido que la Sala de lo Civil y Penal del TJCyL, tras recibir un informe favorable de la Fiscalía, ha dado luz verde para abrir una causa que investiga a Vázquez por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Esto se produce a raíz de una denuncia presentada por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia.

Las indagaciones apuntan a que Vázquez, en su papel de alcalde, pudo haber realizado nombramientos y adjudicaciones de servicios de manera irregular, eludiendo los necesarios concursos públicos. También se evalúa su gestión de subvenciones y autorizaciones de gastos, a pesar de que la Intervención municipal había señalado reparos al respecto.

El caso comenzó a cobrar vida en 2023 y abarca una variedad de acciones llevadas a cabo durante un extenso periodo, lo que implica también a otros actores del Ayuntamiento, incluido el actual alcalde Samuel Alonso, también del PSOE, y una funcionaria de la administración local.

El TJCyL ha decidido llevar adelante la parte de la investigación relacionada con Vázquez, dado su estatus de aforado como parlamentario autonómico, aunque no se descarta que otras personas ajenas al ámbito parlamentario también estén implicadas.

Ahora que el TJCyL ha tomado las riendas del caso, se procederá a designar un magistrado que será responsable de la instrucción de esta controversia política.