En una reciente sesión plenaria, las Cortes de Castilla y León han dado luz verde a un ambicioso conjunto de medidas impulsadas por el Partido Socialista, que busca transformar el sistema educativo de la comunidad. La moción, que consta de quince puntos, fue aprobada gracias al apoyo de Vox en siete de los apartados, mientras que el resto fue objeto de abstención por parte de esta formación.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la equiparación de los salarios del profesorado en Castilla y León con los de otras comunidades autónomas. Este movimiento incluye la propuesta de que la carrera profesional docente sea compatible con los sexenios para aquellos docentes que no están en el ámbito universitario.

El procurador socialista Fernando Pablos, quien defendió la moción, resaltó que la actual política educativa en la comunidad presenta fallas significativas. Criticó, entre otras cosas, la falta de servicios en la educación rural, la ausencia de una regulación para el uso de tecnologías en el aula y el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, además de la preocupante edad media del profesorado universitario.

La procuradora de Vox, Rebeca Arroyo, se mostró partidaria de varios aspectos de la moción, aunque pidió que cada punto se votara por separado. Arroyo argumentó que la educación es crucial para preparar a las nuevas generaciones frente a los desafíos del futuro. Asimismo, abogó por una buena gestión que aligere las cargas económicas que enfrentan las familias, mejore la conciliación y garantice mejores condiciones laborales para el profesorado.

Arroyo también enfatizó la necesidad de aumentar el número de plazas para docentes, con el fin de mejorar la rapidez de las sustituciones por bajas. Puso de relieve la importancia de la formación profesional y de la educación rural como pilares fundamentales para el desarrollo de las zonas locales, demandando igualdad en el acceso a recursos y tecnología, sin importar la ubicación geográfica.

Además, la procuradora se comprometió a extender el servicio de transporte escolar rural para estudiantes de formación profesional, pues muchas familias no pueden afrontar los gastos que esto implica. A su vez, reclamó un plan de infraestructuras educativas, criticando el estado de algunos centros y pidiendo que el Gobierno autonómico presente presupuestos para las reformas necesarias.

Sin embargo, Arroyo también expresó su preocupación por la falta de un calendario y un presupuesto claro en algunos puntos de la moción. Acusó al PSOE de no mostrar la misma diligencia en la aplicación de estas medidas en otras comunidades donde tiene poder, advirtiendo que sin un respaldo presupuestario, las promesas educativas se convierten en palabras vacías.

Desde el Partido Popular, María del Carmen Sánchez Bellota defendió su oposición total a la moción, afirmando que la situación que describe el PSOE es irreal. Calificó la propuesta como un intento de aprovecharse políticamente de la situación educativa. Aseguró que Castilla y León es un modelo a seguir en educación, gracias a su gestión responsable y a las negociaciones con los agentes implicados.

Durante su intervención, Sánchez Bellota destacó que bajo la administración del PP, los docentes han sido mejor remunerados en comparación con la media nacional, con incrementos en sus salarios y mejoras en los complementos por sexenios. En el ámbito de la educación rural, mencionó que han mantenido las escuelas abiertas, algo que, según ella, otras comunidades han dejado de hacer.

La moción finalmente logró su aprobación, recibiendo apoyo de varios grupos, incluidas UPL-Soria ¡Ya! y los procuradores del Grupo Mixto. Durante el debate, Francisco Igea y Pablo Fernández de Unidas Podemos criticaron la falta de debate en torno a una moción sobre una consulta popular en León, Zamora y Salamanca.

La propuesta del PSOE incluye la necesidad de garantizar el derecho al transporte escolar para aquellos estudiantes que cursan ciclos de grado medio no disponibles en sus localidades. Además, pide crear un plan plurianual para la escuela rural que mejore los recursos y servicios educativos disponibles.

Las medidas específicas dirigidas a la enseñanza no universitaria verían la implementación de limitaciones al uso de dispositivos digitales en clase antes de finales de año, el enriquecimiento de los comedores escolares y la mejora en la eficiencia de las sustituciones del profesorado. También se plantea un enfoque más amplio sobre infraestructuras educativas, que contemple un presupuesto y un calendario específicos.

Con respecto a la educación universitaria, la moción hace hincapié en la necesidad de regular los complementos autonómicos y aumentar la financiación de las universidades públicas, además de planificar convocatorias de contratos predoctorales en un horizonte claro.

Fernando Pablos concluyó enfatizando que esta serie de propuestas representa una necesidad urgente para corregir las inequidades y retrasos en el sistema educativo actual, buscando garantizar una educación de calidad en toda Castilla y León.