La Dirección General de Comercio y Consumo de Castilla y León ha resuelto más de 1.000 reclamaciones durante los primeros seis meses del año, principalmente relacionadas con facturas de gas y luz que afectan a colectivos vulnerables. Además, en el mismo periodo se presentaron más de 2.900 solicitudes de arbitraje ante la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral de Consumo, que forma parte del Sistema Arbitral de Consumo nacional, es una entidad dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Su labor se extiende por toda la Comunidad gracias a los convenios vigentes firmados en 2021 con la Administración del Estado y los ayuntamientos de todas las capitales de provincia, excepto Palencia.

Esta Junta Arbitral, que ha estado operando desde 1994 y cuenta con acreditación de la Unión Europea desde 2018 para resolver litigios en línea, ha experimentado un aumento significativo de su actividad desde el inicio de la pandemia en 2020. Hasta el 31 de julio de 2023, el incremento es del 43 por ciento en comparación con años anteriores.

Este aumento se debe a la presentación masiva de reclamaciones de consumidores de Castilla y León, principalmente relacionadas con facturas de gas (que representan el 59 por ciento del total de reclamaciones admitidas hasta la fecha) y también de luz. Estas reclamaciones han superado en número a las tradicionales quejas sobre telefonía, que solían ser mayoritarias. Así lo ha informado el Gobierno regional en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas cifras ponen de manifiesto el "descontento" de los consumidores con la evolución del sector energético, que está afectando especialmente a ciertos grupos vulnerables. Entre ellos se encuentran las personas mayores, quienes enfrentan mayores dificultades para comprender y adaptarse a los cambios normativos que han afectado al sector energético en España. Estas personas también se ven afectadas por los nuevos modelos de contratos y tipos de facturación presentados por las empresas proveedoras.