VALLADOLID, 25 de septiembre. La Audiencia Provincial de Valladolid ha ratificado la condena a CLECE S.A., señalando a la empresa como responsable de la inadecuada atención que recibió María Álamo, una residente de 82 años. La muerte de Álamo fue atribuida a una sepsis generalizada, consecuencia de una úlcera sacra infectada de grado IV, lo que ha generado un fuerte impacto en su familia.

La sentencia favorece a los hijos de María, representados por Santiago Díez de la Asociación El Defensor del Paciente. Además, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Valladolid, que estipuló una indemnización de 80.116 euros, más intereses, para Jesús, María Luisa y Ángel Suárez Álamo, según información proporcionada por la asociación y divulgada por Europa Press.

Los hechos se remontan al 6 de mayo de 2016 en la Residencia de la Tercera Edad San Ramón y San Luis en Mojados (Valladolid), donde la octogenaria perdió la vida bajo la responsabilidad de CLECE S.A. La familia se vio forzada a esperar varios años para obtener la autopsia de María, la cual era crucial para determinar las circunstancias de su fallecimiento con claridad.

Desde 2017, los hijos de la fallecida presentaron múltiples quejas al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la Gerencia de Salud y la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Estos procedimientos estaban motivados por la falta de adecuadas respuestas sobre el informe de necropsia, lo que incrementó la ansiedad y el sufrimiento emocional de la familia, según denuncia la asociación.

La resolución judicial resalta que la residencia no demostró haber realizado los cambios posturales requeridos, descuidó a la paciente durante cinco días en condiciones críticas y no llevó a cabo la derivación a geriatría que había solicitado el médico. Esto llevó a que la úlcera evolucionara a un grado IV, certificando un informe pericial que la identificó como la causa directa de la sepsis fatal.

Los hijos de María Álamo expresan su dolor no solo por la pérdida de su madre debido a una negligencia “inaceptable”, sino también por la lucha prolongada para conocer la verdad sobre su deceso: “Hemos tenido que enfrentarnos no solo a la falta de atención adecuada, sino también al silencio de las instituciones. La justicia ha respaldado lo que siempre supimos: nuestra madre falleció por abandono. Aunque hoy sentimos que su memoria encuentra algo de reparación, el sufrimiento de esos años no se puede borrar”, manifiestan con pesar.

Carmen Flores, presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', argumenta que este caso ilustra la doble victimización que enfrentan muchas familias: primero por negligencia en el cuidado y luego por la falta de transparencia por parte de la administración. “Las residencias reciben pagos significativos y están obligadas a proporcionar cuidados adecuados. Que una anciana muera en tales circunstancias y su familia deba esperar años por la verdad es un acto cruel e inhumano que nuestra sociedad no debería aceptar”, añade con indignación.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha enviado un mensaje contundente con su fallo: la negligencia y el abandono en el cuidado de los mayores no quedan impunes. Esta sentencia representa un avance hacia la dignificación de la vida de las personas mayores y un firme llamado a las instituciones para que respeten el derecho de las familias a la información veraz y a la justicia, tal como subraya la Asociación El Defensor del Paciente.