VALLADOLID, 8 de octubre. En una sesión acalorada, las Cortes de Castilla y León han solicitado el destitución inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras señalar lo que consideraron "graves fallos" en el sistema de pulseras anti-maltrato. La procuradora del PP, Inmaculada Ranedo, argumentó que la ministra ignoró numerosas advertencias sobre estos problemas, lo que califica de "negligencia culpable".

Esta solicitud se formalizó a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La iniciativa logró el respaldo de varios partidos, incluidos Vox y UPL, mientras que socialistas y representantes de Unidas-Podemos la rechazaron, profundizando aún más la polarización en el debate sobre la violencia de género.

Ranedo agregó que los errores detectados han llevado a "numerosos sobreseimientos" y han perjudicado a quienes realmente necesitan protección. La procuradora demandó al Gobierno información clara sobre las víctimas afectadas en cada provincia, instando a tomar medidas urgentes para remediar los "graves perjuicios" generados por el sistema fallido.

La defensora de la PNL no dudó en señalar al Gobierno de Sánchez como el único responsable de estos fallos. En respuesta, representantes del PSOE y de Unidas-Podemos acusaron al PP de utilizar el sufrimiento de las víctimas con fines políticos, además de propagar "mentiras y bulos" que asustan a las mujeres.

Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo Socialista, defendió que las víctimas siempre han estado bajo la protección del Estado y resaltó que, si hay quejas, son parte de procesos específicos. Remarcó que la ministra ha mostrado empatía y que se disculpó "por cualquier inquietud" que las mujeres hayan experimentado debido al reciente polémico rendimiento del sistema.

Con un toque irónico, un procurador de Unidas-Podemos señaló que "el mejor candidato de Vox es Mañueco", cuestionando la credibilidad del PP, dado que durante su gobierno compartió alianzas con un partido que minimiza la violencia de género.

Desde Unidas-Podemos, se defendió la eficacia de las pulseras anti-maltrato. Aunque se reconocieron fallos, se llamó a evitar el alarmismo sobre su funcionamiento, argumentando que "ninguna mujer ha sido asesinada" mientras usaba estas pulseras, enfatizando su valor en la protección.

Juan Antonio Palomar Sicilia, procurador por el grupo UPL-Soria ¡Ya!, se alineó con aquellos que exigen una revisión del sistema. Insistió en que se requieren responsabilidades políticas, incluso sugiriendo que la ministra debe rendir cuentas, aunque también cuestionó al PP por no ser consistente en su demanda de renuncias en otras áreas de gestión.

Francisco Igea, del Grupo Mixto, mostró su apoyo a la PNL del PP, criticando la actuación de la ministra, aunque les recomendó dejar de lado las referencias a prostíbulos mientras recordaba casos de corrupción dentro de sus propias filas.

Finalmente, Fátima Pinacho, de Vox, lamentó lo que consideró "corrupción moral" en el Gobierno, argumentando que este ha dejado a las mujeres maltratadas más desprotegidas que nunca. Afirmó que tres ministros estaban al tanto de los problemas sin actuar, lo que ha llevado a una crisis de confianza entre las víctimas y el sistema de protección.