VALLADOLID, 4 de septiembre.

La Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de llevar a los tribunales la controvertida medida de "condonación de deuda" que, según su interpretación, infringe la equidad y la igualdad entre las distintas comunidades autónomas. Este movimiento, argumentan, busca prolongar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa al favorecer a ciertos grupos en detrimento de otros.

Según el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cada ciudadano de Castilla y León podría tener que asumir un costo adicional de 523 euros debido a esta decisión, que resulta en una reducción de deuda para las regiones con un perfil más separatista. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo subrayó la necesidad de un modelo de financiación que se base en principios de igualdad, solidaridad y negociación.

El portavoz del gobierno regional expresó que hay fundamentos sólidos para exigir un trato equitativo para todos los ciudadanos españoles. Según él, el respaldo de siete votos de tendencias separatistas no debería conferir un mayor derecho a estos grupos en comparación con el resto de la población española.

Además, destacó que las comunidades autónomas bajo gobiernos del Partido Popular se resisten a aceptar disposiciones que afectan la igualdad entre los ciudadanos, ya que, subrayó, la deuda no desaparecerá, sino que solo se trasladará a la carga de todos los españoles.

En su intervención, reiteró que Castilla y León tiene un historial de cumplir con sus obligaciones financieras y no está dispuesta a asumir responsabilidades por las deudas de otras comunidades. Considera que las acciones del gobierno central para "cumplir con compromisos".