VALLADOLID, 21 Ago.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un dictamen que permite a la Junta interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Amnistía.

Según el dictamen, existen motivos sólidos para sostener que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución Española vigente, por lo que sería necesario reformar la Constitución antes de su aprobación, respetando los principios y valores constitucionales.

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, actuó como ponente en la elaboración del dictamen, el cual fue aprobado el 8 de agosto por mayoría de votos y cuenta con un voto particular.

El dictamen señala que la Ley de Amnistía vulnera el derecho a la igualdad, los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica, así como los preceptos relacionados con el Poder Judicial y el principio de separación de poderes.

No obstante, el dictamen considera que el procedimiento legislativo de urgencia utilizado para aprobar la "Proposición de Ley de Amnistía" no vulnera la Constitución ni el bloque de constitucionalidad.

El Consejo Consultivo, una institución propia de la Comunidad según el Estatuto de Autonomía, tiene la función de emitir dictámenes previos para garantizar que las decisiones de la Administración se ajusten a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

En este caso particular, el Consejo Consultivo proporciona a la Junta de Castilla y León los elementos necesarios para decidir si interponer o no el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal.

Así, el Consejo respalda la postura anunciada previamente por el Consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, de recurrir la Ley de Amnistía con celeridad ante el Tribunal Constitucional.

El Consejero explicó que una vez se publique el texto definitivo en el BOE, los servicios jurídicos prepararán el recurso de manera inmediata y contundente.

Respecto a los plazos para la presentación del recurso, González Gago indicó que los trámites internos no deberían exceder los tres meses establecidos para recurrir la normativa ante el Constitucional.

El Consejero reiteró que la Ley de Amnistía atenta contra el Estado de Derecho, la igualdad y la Constitución, y anticipó que el recurso elaborado por los servicios jurídicos será sólido y obligará al Tribunal Constitucional a analizarlo en detalle.