VALLADOLID, 4 de septiembre. En una reciente reunión, los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Vox han expresado su desacuerdo ante la propuesta de establecer una comisión de investigación sobre los devastadores incendios que han afectado a Castilla y León este verano. Ricardo Gavilanes, portavoz del Partido Popular, ha calificado la iniciativa como "improcedente", argumentando que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya brindó explicaciones exhaustivas durante un pleno extraordinario celebrado el pasado viernes.

Gavilanes subrayó que el enfoque del Gobierno autonómico se centra en la reconstrucción y el apoyo a las víctimas de los incendios, defendiendo a su vez la efectividad del sistema de prevención y respuesta ante estos siniestros en la región. "El operativo contra incendios en Castilla y León es adecuado", afirmó, reafirmando que la comisión de investigación carece de fundamento y no es necesaria en este momento.

El portavoz de Vox, David Hierro, se unió al desacuerdo, argumentando que la propuesta resulta "ilógica" dado que los temas relacionados con los incendios ya están bajo la jurisdicción judicial. "La mejor manera de investigar lo ocurrido es a través de los tribunales", apuntó, resaltando que la ciudadanía tendrá la oportunidad de asignar responsabilidades políticas en las próximas elecciones pautadas para marzo de 2026.

Hierro enfatizó la relevancia de los incendios y la necesidad de que la investigación se realice en el ámbito judicial, manifestando su preocupación por el posible despilfarro de recursos públicos en una comisión de investigación. "El dinero de los ciudadanos no debe ser malgastado en dietas para procuradores cuando hay instancias adecuadas para esto", insistió.

En este contexto, el grupo Vox ha decidido solicitar la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, para que rindan cuentas sobre su gestión. Hierro criticó la ausencia del consejero, sugiriendo con ironía que parece haber adoptado el arte de la auto-reprobación al mantenerse alejado de las cámaras y el debate público.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Patricia Gómez Urban ha manifestado que su partido no se opondrá a la creación de la comisión de investigación, tal como solicitó Pablo Fernández, procurador de Unidas-Podemos, quien destacó que la formación de la misma depende exclusivamente de la voluntad política de los diferentes partidos.

Fernández expresó su descontento porque Fernández Mañueco no ofreció disculpas ni asumió responsabilidades durante su intervención, lo cual motivó la solicitud de la comisión. A pesar de haber pedido a Vox su apoyo para la iniciativa, este último se ha negado, lo que ha frustrado los intentos del procurador de avanzar en este sentido.

El mismo Fernández se mostró optimista sobre la posibilidad de constituir la comisión con la celeridad necesaria, sugiriendo que si hay disposición política, su formación podría estar funcionando antes de que finalice septiembre, con varias sesiones planeadas para los meses siguientes. Según su análisis, la rapidez en el establecimiento de esta comisión depende enteramente de la política de colaboración entre los partidos.

En una línea similar, Francisco Igea, procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, coincidió en que hay tiempo suficiente para llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre la situación y exigió la presencia del consejero de Medio Ambiente en el ámbito legislativo. Igea subrayó que es responsabilidad de los políticos actuar tanto en tiempos de éxito como en momentos de crisis, ironizando que al consejero le pueden atraer más los eventos musicales que la rendición de cuentas en comisiones.