LEÓN, 12 de octubre.

El Dr. Miguel de Simón, especialista del departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de León (ULE), ha hecho un llamado de atención sobre la real posibilidad de que se repita un apagón similar al del 28 de abril. Según el experto, esta amenaza persiste mientras no se adopten cambios estructurales en el sistema eléctrico. De Simón considera que las acciones propuestas por Red Eléctrica de España (REE) son un paso necesario, aunque lamentablemente esto podría repercutir en el bolsillo de los consumidores.

En un comunicado difundido por la ULE y citado por Europa Press, De Simón ha expresado su apoyo a la iniciativa de REE, que ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a revisar de manera urgente varios procedimientos operativos. Esto se debe a un riesgo “inminente” de colapso en las tensiones de la red eléctrica.

El Dr. De Simón enfatiza que las soluciones planteadas requieren tanto tiempo como inversión, y que su implementación es absolutamente esencial para prevenir otra crisis de inestabilidad semejante a la que se vivió la primavera anterior. Recientemente, se han reportado fluctuaciones significativas en la tensión de la red de transporte, lo que se convierte en un desafío ante un sistema cada vez más impulsado por energías renovables.

Entre las medidas que se contemplan, se incluye la regulación de la velocidad de cambio en la generación de energía solar y eólica, así como el aumento de las reservas de potencia y la mejora del control de tensiones. El investigador señala que, si bien estas decisiones son cautas y buscan prevenir posibles aparentes fallos, podrían resultar en costos más altos para el sistema eléctrico.

De acuerdo con De Simón, estas medidas no serán neutrales para los consumidores. El refuerzo de la seguridad operativa podría llevar a la activación de generadores térmicos, turbinas a gas y ciclos combinados, lo que sin duda elevá los costos de los servicios de ajuste, trasladando esa carga al precio final de la electricidad.

Los consumidores que más sufrirán las consecuencias son aquellos sometidos a tarifas indexadas, como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Por su parte, los contratos de tarifas fijas lo notarán de forma gradual en el momento de su renovación, ha explicado el experto.

Además, ha indicado que ciertas instalaciones de energías renovables podrían encontrar restricciones en su participación en mercados de ajuste debido a las nuevas limitaciones en la generación, lo que podría tener un impacto temporal en su rentabilidad.

Desde otra perspectiva, De Simón ha resaltado que los problemas actuales no pueden ser atribuidos únicamente a la energía renovable. Ha señalado que la transición hacia un modelo sin emisiones de CO2 ha promovido un aumento en la generación de energía renovable, especialmente de fuentes solares y eólicas, las cuales inyectan energía a la red utilizando electrónica de potencia.

El experto también recordó que, aunque esta tecnología es capaz de manejar potencia activa y reactiva, así como la tensión y la frecuencia, los mecanismos que permiten esta gestión aún no están completamente implementados ni regulados. A medida que estas capacidades se conviertan en un estándar y se integren en la normativa operativa, los desafíos de la actualidad podrán ser mucho más manejables.