VALLADOLID, 17 de octubre.

En un caso que ha suscitado un intenso debate sobre la explotación laboral, cinco miembros de una familia marroquí, compuesta por cuatro hermanos y su madre, han acordado aceptar una pena de dos años de prisión por explotar a compatriotas indocumentados en trabajos agrícolas en Valladolid y áreas cercanas. Este pacto se produjo sin necesidad de llegar a juicio, ya que ambas partes, la defensa y las acusaciones, lograron un consenso sobre los cargos.

El magistrado de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid confirmó la sentencia durante una audiencia preliminar, donde se impuso a cada uno de los cinco condenados un año y medio de prisión, además de una multa de 230.000 euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas o beneficios fiscales por un periodo de tres años, debido a un delito contra la Seguridad Social. El monto de la multa y la pena se vieron atenuados tras el pago de 20.000 euros como reparación parcial del daño causado.

Los condenados, que evitarán el ingreso en prisión, se comprometen a cumplir con una serie de condiciones: pagarán 400 euros mensuales y se mantendrán a disposición del tribunal, además de la restricción de no volver a delinquir durante los próximos cinco años. Este acuerdo permitió reducir considerablemente la condena inicial, que ascendía a cinco años y medio de prisión.

La Fiscalía había solicitado una pena total de cinco años y medio para cada uno de los implicados, a quienes se les acusó de formar un grupo criminal que contrataba a trabajadores para labores agrícolas sin darles de alta en el sistema de Seguridad Social. Esta estrategia empresarial fraudulenta les permitió beneficiarse económicamente mientras explotaban la vulnerabilidad de otros trabajadores.

Este grupo familiar había establecido una red de trabajo en la que, bajo el pretexto de legalidad, contrataban a trabajadores sin los debidos permisos, acumulando una deuda con la Seguridad Social que alcanzó la asombrosa cifra de 225.125 euros. La manipulación formal de la titularidad de los contratos, mediante registros continuos como empresarios individuales, buscaba esconder la deuda y sus correspondientes repercusiones legales.

Además, se constató que para realizar estos trabajos en el campo, los miembros de la familia empleaban a compatriotas también indocumentados, evidenciando así una grave problemática en torno a la explotación laboral y la falta de derechos para los trabajadores extranjeros en España. La Inspección de Trabajo ha sido fundamental en destapar esta situación tras inspeccionar varios lugares de trabajo en la provincia de Segovia, donde se recogían patatas y fresas.