La Fiscalía de Valladolid ha solicitado condenas que suman un total de 206 años de cárcel para las veinticuatro personas investigadas en la 'Operación Ignis' relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador. Esta operación fue destapada por la Policía Nacional el 31 de enero de 2009 y consistía en el famoso 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. La Fiscalía imputa cargos como la constitución y pertenencia a organización criminal, delitos continuados de apropiación indebida y estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y de falsedad en documento mercantil.

Las penas más elevadas se solicitan para la viuda del magnate funerario fallecido, María del Rosario V.L, y sus tres hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., a razón de veinte años de cárcel para cada uno, una inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros. En cuanto al resto de trabajadores, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel. La actividad ilícita investigada habría obtenido ganancias ilícitas por valor de 4.048.768,09 euros y ha afectado a un total de 6.055 difuntos.

La acusación pública sostiene que Ignacio Morchón Alonso, el propietario del Grupo Funerario El Salvador ya fallecido, ideó un plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible. Dicho plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador y se articulaba en dos fases. La primera consistía en la retirada de los féretros a los difuntos justo antes de su cremación, desviando así el destino final a que venía obligada la empresa funeraria de efectuar la cremación del difunto junto con su féretro. En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.

El propietario del negocio, Ignacio M.A, de 75 años, ya fallecido, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos también llegaron a permanecer presos hasta que abonaron fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.

La investigación comenzó a finales de enero de 2019 sobre la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.