VALLADOLID, 11 de julio.

La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León verá su actualización entrar en vigor mañana, tras la publicación reciente del texto completo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta normativa, que fue aprobada en las Cortes sin el apoyo del Partido Popular, actualmente en el poder de manera unipersonal en la Junta, ha sido impulsada por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Según se detalla en el reciente Bocyl, la nueva legislación introduce cambios significativos en la manera de contratar y difundir campañas institucionales. Uno de los aspectos más controvertidos es que los contratos de publicidad institucional firmados por propietarios de medios no podrán generar ingresos superiores al 33% de su facturación anual neta. Esta medida busca proteger a los pequeños medios de comunicación, un punto que Fernández ha reconocido necesitar ajustes para garantizar su viabilidad.

Este elemento de la ley fue la razón por la cual el Grupo UPL-Soria ¡Ya! decidió abstenerse en la votación. A pesar de las controversias, el texto también subraya el compromiso de la normativa con la diversidad territorial, social y cultural de la comunidad, y se alinea con principios de transparencia, objetividad, igualdad y sostenibilidad ambiental.

La normativa también introduce la prohibición de contratar campañas con medios que hayan sido penalizados reiteradamente por violaciones de derechos, incluyendo aspectos como la intimidad o la incitación al odio. Asimismo, se establece que todas las campañas deben ser claramente identificadas como publicidad institucional, indicando de manera explícita la administración que las promueve y especificando que no se debe generar confusión con los mensajes de partidos políticos u organizaciones sociales.

Otro punto importante es que, en el ámbito digital, la contratación deberá tener en cuenta métricas específicas de análisis web. Esta ley también refuerza los mecanismos de control y evaluación, exigiendo la elaboración de un plan anual de publicidad institucional que requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno y su publicación en el Portal de Transparencia.

Adicionalmente, se dispondrá de informes evaluativos para cada campaña, desarrollados por el Consejo de Cuentas, que serán enviados a los diferentes grupos parlamentarios. La ley también contempla la obligación de elaborar una memoria anual sobre la inversión en publicidad institucional y la entrega trimestral de los contratos formalizados a las Cortes de Castilla y León.

Entre otras innovaciones, se crea un Consejo de Evaluación y Seguimiento para la Televisión Digital Terrestre y se regulará un nuevo concurso para la concesión de la televisión autonómica. Por último, se prohíbe cualquier campaña comunicativa relacionada con proyectos, planes o resultados durante los periodos electorales, buscando así mantener la equidad en el ámbito informativo.