En los últimos siete años, el gobierno ha tomado medidas significativas en el ámbito penitenciario, ofreciendo un total de 8,700 plazas para funcionarios de prisiones y aumentando sus salarios en un 30%. Este avance marca un momento importante en la valorización del trabajo de estos profesionales.

En el contexto de la festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reafirmó su compromiso de elevar el estatus de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad. Esta propuesta está actualmente en discusión en el ámbito parlamentario y se busca establecer el principio de indemnidad para estos trabajadores.

Durante el evento en el Centro Penitenciario de Segovia, que celebra su 25 aniversario, un grupo de unos veinte funcionarios organizó una protesta. La manifestación se centró en la demanda de mejores condiciones laborales y en la seguridad en su puesto, señalando que el centro es “muy peligroso”, según un manifiesto presentado por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Los manifestantes también exigieron equiparaciones salariales y mayores reconocimientos en su rol.

El ministro respondió a estas inquietudes y subrayó la importancia del reconocimiento legislativo de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, un tema sujeto a legislación en curso. Además, destacó que se contempla la indemnización automática para aquellos que enfrenten riesgos o daños durante su servicio, similar a lo que ocurre con las fuerzas de seguridad.

Grande-Marlaska detalló que las mejoras en el entorno laboral de los funcionarios penitenciarios se reflejan en la modificación de la Ley General Penitenciaria, además de la reestructuración de clasificaciones laborales que ha pasado de nueve a solo tres, acompañado por un significativo aumento salarial del 30% y la mejora de las infraestructuras de trabajo.

El titular del Interior enfatizó que la seguridad de los funcionarios penitenciarios ocupa un lugar central en su agenda, implementando nuevos protocolos para la identificación y tratamiento de agresiones, lo que se ha traducido en un aumento en la recopilación de datos debido a un enfoque más riguroso y controlado sobre el tema.

Según Grande-Marlaska, el actual gobierno ha hecho un esfuerzo considerable para revertir la falta de personal y condiciones adversas de administraciones pasadas, con 25,000 funcionarios trabajando actualmente. En este sentido, también mencionó una inversión que supera los 300 millones de euros en mejoras de infraestructuras y sostenibilidad energética en los centros penitenciarios.

Aunque reconoció que queda trabajo por hacer, el ministro se mostró seguro de que los avances realizados en el sector son significativos. En este sentido, también destacó que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias son reconocidos por su preparación y por dirigir programas que han sido objeto de estudio y emulación internacional.

Estadísticas recientes indican que de diez personas que cumplen condena, ocho no reinciden en el delito una vez que salen de prisión, lo que demuestra la eficacia de los programas de rehabilitación.

Durante el acto, que reunió a diversas personalidades como la subdelegada del Gobierno en Segovia, María Ángeles Rueda, y el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se resaltó la transformación que ha experimentado la administración penitenciaria desde 2018, donde anteriormente se enfrentaba a una grave falta de atención en recursos humanos y materiales.

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, subrayó la evolución tanto en infraestructuras como en métodos de tratamiento, posicionando a los trabajadores penitenciarios como esenciales para la educación y reinserción social del sistema penitenciario establecido por la Constitución Española.

Finalmente, como parte de las festividades, se llevaron a cabo entregas de condecoraciones a destacados profesionales del área penitenciaria. La Medalla de Oro al Mérito Penitenciario fue otorgada a Lourdes Gil, José Antonio García y María Luisa Velasco, mientras que Rafael Pérez recibió la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario por su contribución a la mejora de la coordinación dentro de las instituciones penitenciarias.