Inician un proceso judicial que pone en la mira a tres hermanos acusados de graves delitos ambientales y de estafa, con la posibilidad de enfrentar más de cuatro años tras las rejas.

VALLADOLID, 25 de septiembre. A partir del 1 de octubre, la Audiencia de Valladolid abrirá las puertas de un juicio que podría marcar un antes y un después en la respuesta local a las violaciones ambientales. Los encausados, José María C., Francisco y María de la Flor, han sido vinculados con una empresa que gestiona escorias de aluminio y la fundición de chatarra de automóviles, y se les acusa de operar sin la debida autorización entre 2006 y 2018, llevando a cabo actividades contaminantes que han afectado gravemente una finca utilizada para sus operaciones.

Los hermanos se encuentran en el banquillo, con el mayor de ellos actuando como administrador de la empresa tras el fallecimiento de su padre en 2006, mientras que los otros dos desempeñaban funciones como trabajadores. Su actividad empresarial, que abarcaba el tratamiento de materiales altamente contaminantes, requería permisos específicos que nunca fueron obtenidos, según indican fuentes del caso.

Frente a ellos, la acusación pública plantea dos delitos distintos: uno relacionado con el daño al medio ambiente y otro por estafa. Las consecuencias podrían ser severas, con hasta cuatro años y medio de cárcel, al tratarse de una infracción ambiental que implica una multa de 7.200 euros y la inhabilitación para ejercer su profesión por dos años, además de otros diez meses adicionales de condena por el fraude asociado. A la empresa involucrada también se le solicita una multa de 21.900 euros.

La Fiscalía exige la anulación de la venta de la propiedad afectada, ubicada en Renedo de Esgueva, así como una indemnización para los compradores, quienes incurrieron en gastos al contratar expertos que descubrieron la contaminación y la imposibilidad de llevar a cabo el sueño de establecer un centro hípico en el lugar.

Durante el juicio, que se extenderá hasta el 3 de octubre, se evaluará la responsabilidad de los acusados en relación a las instalaciones de la empresa, que incluían un amplio terreno donde se almacenaban residuos y materiales peligrosos. Estas instalaciones no contaban con la autorización necesaria para el manejo de residuos, pese a que dicha solicitud fue negada en 2006 por la Dirección General de Calidad Ambiental.

Aunque la resolución denegatoria fue comunicada y la empresa supuestamente debía cesar sus actividades, se descubrió que continuaron trabajando y, además, ocultaron parte de los materiales contaminantes, incluso enterrándolos en el terreno.

La situación se complicó cuando los nuevos propietarios del terreno, al intentar adaptarlo para su proyecto, encontraron restos de metal y substancias nocivas que alertaron a la Guardia Civil. El Seprona intervino en noviembre de 2021, realizando inspecciones que revelaron no solo la ausencia de vegetación en la zona, sino también un suelo contaminado y materiales que representaban un grave peligro para la salud pública.

Los análisis posteriores confirmaron que las sustancias encontradas tenían altos niveles de metales pesados, y su presencia implicaba un riesgo considerable tanto para los trabajadores como para futuros usuarios del centro hípico y el entorno natural local.

La acusación sostiene que no solo se ha violado la legislación ambiental básica, sino que los actos de estos hermanos también contravienen de manera clara la normativa específica de Castilla y León sobre residuos tóxicos y su manejo. Este caso subraya la necesidad urgente de garantizar que quienes operan en sectores críticos como el tratamiento de residuos cumplan con las regulaciones necesarias para proteger el medio ambiente y la salud pública.

Como resultado, la parcela contaminada no puede ser utilizada hasta que se realicen trabajos de desmontaje de la contaminación, con un coste estimado en 3.805.479 euros, que se presentan como un desafío significativo a la hora de restablecer la integridad del suelo y del ecosistema afectado.