UPA-COAG denuncia la insuficiencia de las ayudas de la Junta para la EHE y critica la falta de diálogo
La alianza UPA-COAG ha exigido una normativa regional que rechace la expropiación de terrenos agrarios en Castilla y León. Según esta organización, las ayudas ofrecidas por la Junta ante los daños causados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) son insuficientes y no cubren ni el 50 por ciento de los perjuicios sufridos por la cabaña ganadera en la región. Además, critican la falta de diálogo por parte del Gobierno regional.
Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León, ha manifestado su descontento en una rueda de prensa, destacando que estas ayudas no cubren aspectos como el lucro cesante, los abortos ni todos los gastos clínicos y veterinarios que se están incurriendo. Según ha explicado, se otorgarán entre 500 y 1.000 euros por explotación, cuando algunas granjas han llegado a gastar entre 3.000 y 6.000 euros. También ha señalado que las indemnizaciones por ataques de lobos deberían equipararse a las de la enfermedad hemorrágica.
La alianza también ha anunciado que seguirán presionando para que el Ministerio y la Unión Europea brinden mayores apoyos y se trabaje para desarrollar una vacuna contra la EHE. Rivera advierte que aunque con la llegada del frío disminuirá la incidencia de la enfermedad, el próximo año la situación volverá a ser la misma.
En cuanto a la falta de interlocución con la Administración regional, Rivera ha denunciado que hace casi dos años que no se reúnen con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque se enviaron cartas para solicitar una reunión, esta no se ha llevado a cabo argumentando problemas de agenda. Mientras tanto, el presidente ha mantenido reuniones con un grupo reducido de ganaderos para tomar decisiones sobre las ayudas para la EHE. Esta falta de comunicación ha sido calificada como impresentable e intolerable por parte de UPA-COAG.
Por otra parte, Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, ha expresado su preocupación por la instalación de plantas de energías renovables que están llevando a expropiaciones de terrenos agrarios. La alianza exige una legislación regional que prohíba esta práctica, ya que consideran que se está despojando a los agricultores de sus terrenos para beneficio de empresas que muchas veces cuentan con capital extranjero y fondos de inversión.
Si bien reconocen el valor de las energías renovables, consideran inaceptable que se perjudique la actividad agrícola para el beneficio de otros sectores. Además, señalan que estas expropiaciones incumplen la Ley Agraria en cuanto al uso de las explotaciones agrarias para fines empresariales distintos.
Por último, González ha expresado su preocupación por las instalaciones de hidrógeno verde, argumentando que para obtener un litro de este combustible se necesitan consumir 20 litros de agua. Esta situación resulta alarmante en un país donde ya hay escasez de agua y en una región que enfrenta problemas para abastecer tanto a los regadíos como a la población.
En resumen, la alianza UPA-COAG demanda una normativa regional que proteja los terrenos agrarios, unas ayudas más justas para los afectados por la EHE y una mayor interlocución con el Gobierno regional. Asimismo, denuncian las expropiaciones de terrenos agrícolas para proyectos de energías renovables y muestran su preocupación por las instalaciones de hidrógeno verde y el consumo de agua que requieren.