González Gago denuncia al gobierno de Sánchez por agravar la carga de deuda de los ciudadanos al reducir las aportaciones a las comunidades autónomas.
En una reciente visita a Salamanca, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha expresado su preocupación por las implicaciones de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Según González Gago, la propuesta de quita de deuda del Ejecutivo central podría resultar en un aumento de la "deuda ciudadana", un tema que asegura está generando una creciente inquietud entre los ciudadanos de la comunidad.
El consejero enfatizó que aunque los castellanos y leoneses pueden beneficiarse de una reducción en su deuda con las administraciones públicas, esto podría verse opacado por la incorporación de una nueva deuda externa. “Esto significa que, a la larga, terminaremos debiendo más de lo que ya debíamos”, advirtió durante la inauguración de un nuevo aparcamiento gratuito en Salamanca, evento en el que estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.
González Gago enfatizó que, desde la Junta, persisten en su oposición a estas estrategias que, según él, solo buscan sostener un Gobierno central que tiende a realizar concesiones a partidos separatistas o independentistas. Para el consejero, estas decisiones no solo afectan las finanzas, sino que también impactan la autonomía y las realidades locales de las comunidades.
En respuesta a esta situación, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco aboga por una revisión del sistema de financiación, buscando un modelo que refleje adecuadamente las necesidades y el contexto social y territorial de cada comunidad autónoma. “Es fundamental que Castilla y León reciba el apoyo financiero correspondiente a los servicios públicos que ofrece, como Educación o Sanidad, especialmente dado su alto costo debido a la dispersión y la densidad poblacional”, afirmó González Gago.
Para concluir, el consejero reitera que lo prioritario es atacar las raíces del problema financiero mediante una nueva estructura de financiación autonómica que aborde efectivamente las garantías de servicio para todos los ciudadanos, en lugar de depender de medidas temporales como la condonación de deuda que, en su opinión, solo posterga la solución real.
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