El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldado la sentencia que impone un año de prisión al administrador de la empresa Vaditelpro, SL. Este veredicto se deriva de la falsificación de documentos esenciales, incluyendo una carta de despido y un finiquito, en el contexto de un proceso judicial donde un trabajador había demandado por despido improcedente.

De acuerdo a la sentencia emitida por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, se ha desestimado el recurso interpuesto por el condenado. Así, se ha ratificado el fallo de la Audiencia de Valladolid del 1 de abril del presente año, tal como se detalla en la información proporcionada por el Gabinete de Prensa del Alto Tribunal de Castilla y León.

El caso se remonta al 3 de abril de 2018, cuando se formalizó un contrato indefinido entre la mencionada empresa y un trabajador, quien ocupaba el puesto de oficial de tercera. Su labor incluía tareas de instalación de redes telefónicas e Internet en Valladolid, con una jornada laboral de 40 horas semanales y un salario mensual aproximado de 1.200 euros, conforme al convenio del sector siderometalúrgico.

La relación laboral transcurrió de manera normal hasta noviembre de 2018, cuando el trabajador comenzó a experimentar problemas en el menisco de una de sus rodillas, lo que le obligó a atender su salud y solicitar una baja laboral.

El 13 de noviembre de ese año, durante un encuentro entre el empleado y el administrador, el trabajador proporcionó documentación médica que justificaba su situación. Sin embargo, en este encuentro, el administrador solicitó la devolución de herramientas y el vehículo de empresa, que el trabajador había aparcado frente a su hogar.

En el momento de la entrega de los materiales, el administrador le presentó al trabajador un documento que debía firmar. Sin embargo, el papel contenía el nombre de otra persona junto con una lista de materiales distinta, lo que llevó al trabajador a negarse a firmar.

Días después, el trabajador fue notificado de su despido y, a raíz de ello, presentó una demanda por despido improcedente ante los Juzgados de lo Social, solicitando además el finiquito por un total de 2.105,84 euros correspondiente a diversas conceptos.

El Juzgado de lo Social 1 aceptó a trámite la demanda, y durante el proceso el administrador intentó respaldar su posición con varios documentos, incluyendo una carta de despido fechada el 10 de noviembre de 2018, que contenía una firma que no pertenecía al trabajador, así como un recibo que también incluía firmas ilegítimas.

Al cuestionar la autenticidad de las firmas en estos documentos, el trabajador presentó una denuncia por falsedad documental, lo que culminó en la condena de abril por parte de la Audiencia de Valladolid. El administrador fue hallado culpable de falsificación de documento privado y tentativa de estafa procesal, sancionado con un año de prisión.