VALLADOLID, 22 Ago.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) anunció que presentará una denuncia por prevaricación contra el Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, de VOX, si intenta proteger la Pirámide "fascista" de los Italianos, ubicada en la provincia de Burgos.

La ARMH argumenta que este monumento, que Santonja busca declarar Bien de Interés Cultural (BIC), está dedicado al ejército italiano de Mussolini, "que celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista y no comienza a desmontarlo y a tramitar la desaparición de un monumento cuyo único destino es humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX".

Ante esta situación, si el Gobierno de Castilla y León no cumple con su deber de retirar este monumento, como exige la Ley de Memoria Histórica "y cualquier principio que debe sostener alguien que haya aprobado primero de básica de democracia y derechos humanos", la ARMH amenaza con emprender acciones judiciales para garantizar su eliminación.

Por tanto, la ARMH solicitará a la Fiscalía General del Estado que inicie un proceso para poner fin a la prevaricación administrativa del consejero Gonzalo Santonja y de aquellos que están llevando a cabo esta protección de un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victorias de los ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial ocurrido en España, con la intervención de los ejércitos de Mussolini y Hitler respaldando a los fascistas españoles.

Según Emilio Silva, presidente de la ARMH, "mantener homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura no tiene cabida en el marco de una democracia, ya que no se puede blanquear el fascismo ni difundir ningún mensaje que sugiera que el fascismo fue beneficioso para la sociedad".

Además, añade que "que el consejero tome esa medida, siendo consciente de que hay dos leyes estatales que se lo prohíben, constituye una clara prevaricación administrativa y debe ser sancionado judicialmente con la inhabilitación del responsable y la restitución del orden legal, que debe comenzar con el exhaustivo estudio de la pirámide y su posterior demolición".

En su opinión, este tipo de monumentos "agreden a las víctimas de la dictadura y buscan humillarlas, por lo que al igual que cualquier otra víctima de actos violentos, deben ser protegidas por las instituciones".