La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha cerrado de manera definitiva, este lunes, la reclamación presentada por los sindicatos UGT y CCOO ante Bruselas. Esta reclamación denunciaba la supuesta vulneración de la legislación del Diálogo Social por parte del anterior gobierno autonómico en Castilla y León. La conclusión de este caso no se ha llevado a cabo sin tensiones, especialmente entre los líderes regionales de los sindicatos y el representante de Vox, Jorge Buxadé.

Los sindicatos ya habían considerado este asunto cerrado tras su intervención en la Comisión el pasado 19 de marzo, donde expusieron las implicaciones del ascento de Vox al Gobierno regional, especialmente las acciones del entonces consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones. La Comisión Europea decidió entonces dar carpetazo a la denuncia, argumentando que no era su competencia intervenir en este ámbito.

No obstante, el tema resurgió nuevamente gracias a una solicitud del grupo Patriotas por Europa, conformado por miembros de Vox. Según Buxadé, el objetivo era dejar claro que las denuncias planteadas por los sindicatos carecían de legitimidad y que no existía ninguna transgresión a los derechos laborales o sindicales. Añadió que la decisión de UGT y CCOO de cerrar la cuestión se debía a su éxito en obtener subvenciones por parte de la Junta, alcanzando la cifra de 40 millones de euros.

Buxadé enfatizó que durante la gestión del gobierno de PP y Vox se eliminó un subsidio anterior de 800 euros que los sindicatos recibían por visitar empresas para trabajar en la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, destacó que a pesar de esta reducción presupuestaria, se logró una disminución del 30% en la siniestralidad mortal. Asimismo, criticó la gestión económica en la Fundación Serla, mencionando un ahorro significativo de 100.000 euros en alquileres y otros 70.000 euros en salarios de personal cualificado. Según él, la tasa de desempleo se había reducido al 9,5%, muy por debajo de la media nacional.

Al finalizar su intervención, Buxadé subrayó que la reunión de la Comisión de Peticiones de hoy no habría tenido lugar si los sindicatos hubieran reconocido anteriormente su satisfacción tras haber "cobrado la pasta".

Por su parte, el exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien ocupó un escaño entre los diputados europeos a pesar de no tener tal condición, se unió a las críticas hacia UGT y CCOO. Denunció que estas organizaciones intentan restaurar privilegios sindicales obsoletos bajo la justificación del Diálogo Social.

García-Gallardo argumentó que, en realidad, el verdadero Diálogo Social debería incluir a organismos que representen auténticamente los intereses de los trabajadores, un ejercicio que, según él, no se está llevando a cabo en Castilla y León. Concluyó que la fiesta de los sindicatos se financia con dinero de los contribuyentes, generando así resultados que no benefician a la sociedad.

En contraposición, los líderes de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, han calificado de "sinsentido" que un tema resuelto vuelva a ser discutido en la Comisión de Peticiones. Recordaron que su denuncia también se había llevado a los tribunales, con sentencias favorables, y resaltaron los impactos negativos del pacto PP-Vox en la clase trabajadora. Criticaron, además, las políticas del consejero de Industria de Vox que buscaron desmantelar programas de empleo y formación, así como atacar a los sindicatos.

Temprano enfatizó que sus sindicatos, que cuentan con 180.000 afiliados y representan al 80% de los trabajadores en Castilla y León, continúan existiendo a pesar de las adversidades. Manifestó su alegría por la recuperación del Diálogo Social, subrayando que este proceso pertenece a todos los ciudadanos y mejora su calidad de vida. En un tono confrontacional, le lanzó a Buxadé un mensaje claro: "Lo que añoráis es el sindicato único que existió en la dictadura de Franco".

Vicente Andrés, por su parte, también ha respondido a las acusaciones de Buxadé acerca de la dependencia de subvenciones, aclarando que tanto UGT como CCOO mantienen su financiación a través de las cuotas de sus afiliados, a diferencia de Vox, que, según Andrés, depende de fondos públicos.

La eurodiputada socialista Sandra Gómez se alineó con los sindicatos y criticó el desprecio absoluto de la ultraderecha hacia el Diálogo Social, además de señalar la irresponsabilidad en el uso del dinero público. Gómez argumentó que, a pesar de su oposición al Diálogo Social, Vox ha mantenido esta petición en el Parlamento Europeo como una burla hacia la institución y los derechos de los ciudadanos, insistiendo que esto es una muestra de un mal uso del presupuesto europeo para dirimir deudas de ámbito regional.