Cáritas Burgos ha tomado la determinación de no renovar el convenio de acogida temporal para inmigrantes con el Ayuntamiento hasta que no se logre un entendimiento que permita incluir en el presupuesto municipal de 2025 a las organizaciones Burgos Acoge, Accem y Atalaya. Estas entidades quedaron excluidas del acuerdo a instancias de Vox durante las negociaciones para aprobar las cuentas del próximo año.

En el marco de una reunión celebrada el lunes entre Cáritas y las tres ONGs afectadas, junto con la alcaldesa Cristina Ayala, el portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, y la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, Cáritas comunicó su decisión de renunciar a los 19.000 euros que le corresponderían bajo el convenio.

Mario Vivanco, delegado diocesano de Cáritas, subrayó que la labor realizada por instituciones que apoyan a migrantes en condiciones de vulnerabilidad es “indispensable” y se solidarizó con Burgos Acoge, Accem y Atalaya, organizaciones con las que Cáritas colabora de manera continua.

La organización enfatiza que el acompañamiento, promoción y salvaguarda de migrantes “favorece la construcción de una sociedad más justa y solidaria”. Además, sostiene que, guiándose por principios evangélicos, brinda asistencia “sin distinción”, atendiendo a todas las personas necesitadas.

Nuria Revilla, representante de Burgos Acoge, actuó como portavoz de las ONGs involucradas y describió la medida como “drástica para la ciudad y para los servicios sociales municipales”. También destacó que los informes técnicos del propio Ayuntamiento validan el trabajo que realizan estas organizaciones.

Revilla también recordó que se habla de una suma total de 190.000 euros, subrayando que han brindado atención a más de 7.000 personas en la ciudad durante el año 2023. Hizo un llamado a la “corresponsabilidad” y al “entendimiento”, enfatizando que son entidades especializadas en brindar soporte a la población migrante en Burgos.

“Son personas que están en nuestros centros educativos, que se encuentran en nuestras empresas, que son nuestros vecinos y vecinas”, añadió Revilla, reiterando la importancia de este trabajo en la comunidad.

En respuesta, la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, se comprometió a “seguir dialogando” y recordó que el actual gobierno es una coalición, lo que significa que deben negociarse los distintos apartados del presupuesto para 2025. Mientras tanto, las organizaciones afectadas esperan que se reconsidere esta decisión.

Revilla consideró que la postura del equipo de Gobierno es “completamente contraria al sentido de responsabilidad”, señalando que “no todo vale en negociaciones” y subrayando la necesidad de mantener siempre “una puerta abierta” para revertir esta situación.

En su explicación sobre las repercusiones de la retirada del convenio, Revilla destacó que “afecta de manera importante” y aseveró que durante la reunión se discutió que “con cada euro que reciben” estas entidades logran multiplicar su impacto por cien, realizando funciones que los servicios sociales públicos no aseguran.

“Ellos proporcionan información y orientación, pero no se encargan de tramitar permisos de residencia y trabajo, solicitudes de nacionalidad, permisos comunitarios ni las peticiones de empresas que buscan contratar a trabajadores. Tampoco orientan sobre la asistencia sanitaria”, explicó Revilla, advirtiendo que esta situación podría llevar a “un colapso en los servicios sociales municipales”, dado que estas personas requieren atención.

Por otro lado, los trabajadores sociales del Ayuntamiento han solicitado una reunión para analizar las “implicaciones” que tendrá sobre su trabajo diario la eliminación de estos convenios, según lo indicado por Ballesteros. Mientras tanto, Martínez-Acitores ha manifestado que la decisión no se revisará y que las cuentas de 2025 serán aprobadas de forma provisional en el Pleno de noviembre.