
VALLADOLID, 3 Abr. - La Junta de Castilla y León ha dado un paso significativo este jueves al anunciar un paquete de medidas extraordinarias, con una inversión de 16,5 millones de euros, diseñado para mitigar los efectos de los aranceles del 20% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a productos europeos. Esta decisión busca aliviar el impacto negativo de estas políticas proteccionistas en una comunidad autónoma que se distingue por su fuerte capacidad exportadora.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, compartió esta información en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. En su intervención, destacó cómo la situación generada por estos aranceles y otros conflictos geopolíticos perturba el comercio internacional, afectando de manera más intensa a Castilla y León. En 2024, la región alcanzó un récord histórico con exportaciones que suman 21.000 millones de euros, representando el 30% de su PIB y un saldo comercial positivo de más de 5.000 millones, en contraste con la balanza negativa de España en su conjunto.
Fernández Carriedo enfatizó que “una comunidad con una fuerte vocación exportadora depende del comercio internacional y de sus exportaciones. La capacidad competitiva en igualdad de condiciones se ve amenazada por cualquier factor que limite ese intercambio, lo que nos obliga a actuar y a implementar medidas correctivas”.
Entre los sectores que más sufrirían por la aplicación de estos aranceles, el consejero mencionó áreas clave como la agroalimentaria, la automotriz, la de bienes de equipo, la industria metalúrgica y el sector químico-farmacéutico.
Con el objetivo de contrarrestar estos desafíos, Fernández Carriedo detalló las nueve líneas de acción que la Junta ha estado diseñando durante meses. Estas iniciativas están orientadas a potenciar la presencia de los productos de Castilla y León en mercados internacionales a través de diversas estrategias.
Las acciones propuestas abarcan el apoyo financiero a la internacionalización, la promoción de la eficiencia energética, el fomento de la innovación, la simplificación administrativa, la diversificación de riesgos hacia nuevos mercados, el fortalecimiento de la red exterior, la creación de un centro de información sobre aranceles, la promoción sectorial y la atracción de inversiones extranjeras.
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