Castilla y León ha visto un aumento significativo en la tasa de pobreza infantil severa, situándose como la segunda comunidad autónoma más afectada, con un porcentaje del 14,1%, superando por tercera vez la media nacional.

Estos datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2023, realizada por la Plataforma de Organización de Infancia (POI) y basada en información del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentada en Valladolid.

La técnico de incidencia del POI, Débora Quiroga, ha advertido que a pesar de haber menos niños en situación de pobreza, aquellos que están pasando por esta situación son más vulnerables, con un incremento de 3,5 puntos en la región.

La misma experta ha señalado que esta alza en la pobreza infantil severa puede atribuirse a la reducción de las ayudas temporales ofrecidas durante la pandemia, lo que ha llevado a un aumento de 10,000 menores en esta situación en comparación con el año anterior.

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa Arope), Castilla y León ha experimentado una disminución de 1,3 puntos en 2023, situándose en un 25,5%, por debajo del promedio nacional del 33,9% y afectando a 85,000 niños en la región.

A pesar de esta mejora, Débora Quiroga señaló que aunque la región está en el cuarto lugar con la tasa Arope más baja, sigue siendo un número significativo y subrayó la importancia de continuar trabajando en la reducción de la pobreza infantil en general.

Otro dato destacado es el porcentaje de infancia en situación de carencia material severa en la región, que se sitúa en un 7,9%, por debajo de la media nacional del 10,8% pero experimentando un aumento de 1,8 puntos en el último año.

La POI reveló que el 30% de los niños en Castilla y León viven en hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos y que la tasa de baja intensidad de trabajo en el hogar es del 5,2% en la región.

En conclusión, se destaca la necesidad de implementar mejoras en programas como la Renta Garantizada Ciudadana, fortalecer redes de apoyo y coordinación entre administraciones, y garantizar condiciones adecuadas en ámbitos como la educación, vivienda y alimentación para la infancia castellano-leonesa, con especial atención a la pobreza infantil y la exclusión social.