LEÓN, 4 de enero. La Guardia Civil de León, a través de su Destacamento de Fiscal y Fronteras, ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la confiscación de aproximadamente 178 kilos de picadura de tabaco ilegal en la provincia. Esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por regular las actividades de comercio y transporte, resultando en un total de 59 actas de denuncia durante diversas inspecciones de paquetería y mercancías enviadas entre particulares en cumplimiento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en el transcurso del año 2024.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de la Guardia Civil en la Comandancia de León y recogida por Europa Press, estos envíos ilícitos se estaban realizando mediante distintas agencias de paquetería. Lo alarmante de la situación es que estas mercancías carecían de las necesarias precintas oficiales y marcas fiscales, lo que representa un claro riesgo para la salud de los consumidores. El hecho de que el tabaco provenga de un origen y trazabilidad inciertos lo desvincula de cualquier tipo de control sanitario, exponiendo a la población a potenciales peligros asociados al consumo de este producto.

Los productos de tabaco incautados se encontraban envasados en empaques de aproximadamente un kilogramo cada uno, en condiciones de envasado al vacío en bolsas termoselladas, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado disponible a través de Europa Press. Esta modalidad de comercialización no solo es ilegal, sino que también pone en evidencia cómo se evade la normativa vigente sobre el tráfico de productos regulados en el país.

Desde la perspectiva legal, esta forma de distribución de picadura de tabaco infringe la Ley de Represión del Contrabando, que cubre diversas operaciones como la importación, exportación, tenencia, circulación o rehabilitación de productos prohibidos o estancados. La falta de cumplimiento con los requisitos establecidos en esta legislación acarrea consecuencias severas, incluyendo un castigo mínimo de 2.000 euros por cada kilogramo de tabaco de contrabando. En este contexto, el total de la posible sanción podría ascender a un valor aproximado de 356.000 euros si se calcula en función de los precios del mercado.