En un golpe significativo contra el crimen organizado, las autoridades han llevado a cabo una macrooperación que ha resultado en la detención de 28 personas y la investigación de otras 30, involucradas en lo que se ha catalogado como una extensa red de fraudes en España. Este operativo comenzó con la captura de un sospechoso en la ciudad de Valencia y se ha desplegado en varios países, destacando la colaboración entre la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Este esfuerzo ha permitido identificar un goteo de delitos que supera los 680, afectando a aproximadamente 250 víctimas en todo el país. La magnitud de este escándalo económico, que ha despojado a sus víctimas de más de 150.000 euros, es alarmante y resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y protección al consumidor.

La operación, apodada 'Canmoney', ha revelado una preocupante variedad de delitos relacionados con la estafa. En total, se han registrado 335 estafas, 158 casos de usurpación de identidad, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas y 60 incidentes de blanqueo de capitales, todo ello bajo el amparo de una organización criminal bien estructurada. Es importante señalar que las investigaciones aún están en curso, y se estima que el número de delitos podría acercarse al millar.

La modalidad de estafa utilizada por esta organización era particularmente insidiosa, pues se enfocaba en la supuesta venta de perros de compañía a precios atractivos, aproximadamente 500 euros. Para hacer que sus ofertas parecieran legítimas, los estafadores enviaban documentos de identidad falsos, previamente obtenidos de otras víctimas despojadas de su información personal. Esta estrategia les permitía ganar la confianza de los incautos, quienes al realizar el primer pago se verían sometidos a presiones constantes para que enviasen más dinero bajo amenazas severas.

Aquellos que se negaban a cumplir con las exigencias económicas no solo eran acosados a través de mensajes intimidatorios, sino que también recibían llamadas en las que se les amenazaba con imágenes de armas, lo que ilustra el nivel de violencia implícito en sus tácticas de coacción. Este entorno de miedo utilizado por los delincuentes es un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad de las personas ante el fraude online.

Todo comenzó con una denuncia por estafa relacionada con la compra de un animal de compañía que nunca fue entregado. Investigaciones posteriores revelaron que el dinero obtenido a través de estas estafas era rápidamente ingresado en diversas cuentas bancarias, y posteriormente convertido en criptomonedas para su transferencia a las cuentas de la organización, lo que complicaba aún más las labores de las fuerzas del orden.

En el corazón de esta operación estaba el uso estratégico de criptomonedas, que sirvieron para enmascarar el origen ilícito de los fondos. Un punto crucial en el desarrollo de la investigación fue el papel de un propietario de locutorio que, gracias a su conocimiento del sector, actuaba como intermediario en estas transacciones. Este individuo, junto a su pareja, se benefició de unos tres millones de euros a través de operaciones en cajeros automáticos repartidos por distintas regiones de España, antes de convertir el efectivo en criptomonedas y dispersar los fondos en múltiples direcciones, obstaculizando así su localización.

La jerarquía de la organización también revela un entramado complejo, donde personas en España y Colombia se encargaban de abrir cuentas bancarias, recepcionando dinero y realizando conversiones a criptomonedas. Los líderes satelitales de esta red estaban localizados en Colombia y Camerún, evidenciando la transnacionalidad del crimen organizado en esta práctica deleznable.

El operativo 'Canmoney' ha llevado a cabo un total de 12 registros en diferentes ubicaciones, de los cuales nueve se realizaron en territorio español y tres en Colombia. Se han incautado equipos electrónicos, documentos, dinero en efectivo, y todo tipo de materiales utilizados para perpetrar las estafas, ofreciendo una visión clara de la magnitud de la operación y los recursos involucrados.

Finalmente, esta acción ha sido posible gracias al trabajo conjunto de diversas entidades policiales internacionales, incluyendo Interpol y Europol, lo que destaca la necesidad de colaboración global para tratar de erradicar el crimen organizado que atenta contra la seguridad y bienestar de las personas. Las víctimas, localizadas en 43 provincias españolas, son prueba de la amplitud de esta problemática, que demanda atención y acción tanto a nivel local como internacional.