La Federación de Castilla y León de Ecologistas en Acción ha decidido presentar una recusación contra el magistrado José Luis Concepción, actual presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la región. Esto está motivado por su participación en la deliberación de los recursos que se interpusieron contra la sentencia del caso ‘Meseta Ski’, donde se juzgó a importantes figuras de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva) vinculados a la Diputación de Valladolid, entre ellos el exalcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, quien renunció a su cargo tras el fallo que le condenó.

El colectivo ecologista, que actuó como acusación popular en este caso, basó su petición en un escrito en el que se señala que Concepción sufre, según ellos, una “pérdida de imparcialidad de naturaleza objetiva”. En el documento se alude a numerosas declaraciones del magistrado que evidencian su inclinación política y personal, lo que podría afectar su capacidad para juzgar con objetividad.

Estos planteamientos se centran en las críticos que Concepción ha expresado desde 2020, tanto en su calidad de presidente del TSJCyL como a nivel personal. El magistrado ha sido contundente en sus ataques al Gobierno de la nación, cuestionando su gestión en diversas áreas, desde la sanidad hasta la composición política misma del Ejecutivo.

El punto de inflexión señalado por Ecologistas en Acción remonta a la crisis de la Covid-19, cuando Concepción ordenó una investigación sobre los datos de fallecimientos en Castilla y León, buscando contrarrestar las cifras oficiales. “Era un deber que debíamos a los españoles”, declaró en su momento, en un indicio claro de sus posturas incendiarias en contextos críticos.

Adicionalmente, han mencionado ejemplos recientes de sus declaraciones, como las realizadas en el acto de Apertura del Año Judicial de 2023, donde criticó la legitimidad de considerar a un fugitivo de la Justicia, Carles Puigdemont, como interlocutor político y árbitro en la política española. También ha manifestado, sin nombrarlo directamente, su desconfianza hacia Pedro Sánchez y su percepción sobre la independencia del Poder Judicial durante su mandato.

El colectivo también ha traído a la luz otros comentarios de Concepción que hacen referencia al Partido Comunista, donde lo comparó con el régimen nazi, un comentario extremadamente polémico que, a su juicio, rivaliza con la idea misma de democracia en el contexto actual de España. “La democracia está en peligro con el Partido Comunista en el Gobierno”, fue una de sus afirmaciones más controvertidas.

Ecologistas en Acción resalta que todas estas declaraciones indican una clara animadversión personal hacia su parte en el proceso judicial, afectando su objetividad en la resolución de los recursos relacionados con el caso 'Meseta Ski', que involucra la condena de Centeno y otros a inhabilitación por prevaricación administrativa.

A pesar de su solicitud de recusación, el colectivo aclara que no cuestiona la profesionalidad de Concepción, al tiempo que citan que sólo un pequeño porcentaje del Poder Judicial cree que los nombramientos se basan en méritos profesionales, según una reciente encuesta del propio Consejo del Poder Judicial. Esto subraya su objetivo de proteger la legitimidad del sistema judicial y, por ende, la confianza pública en él.

Esta solicitud de recusación se produce en un momento crítico, justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comunicara que no llevará a cabo una vista para resolver los recursos, sino que procederá el próximo 8 de abril a deliberar y emitir un fallo sobre el caso.

Cabe recordar que el fallo de la Audiencia de Valladolid ya había impuesto a Centeno una inhabilitación de más de nueve años, debido a irregularidades significativas en un proyecto de construcción relacionado con la creación de un complejo de ocio y aventura que incluía pistas de esquí. Además, su compañero Pedro Pariente también recibió condena, mientras que otros implicados en el caso fueron absueltos.

Finalmente, el tribunal encontró que el proyecto había experimentado modificaciones sustanciales sin justificación adecuada, lo que resultó en un notable incremento en el costo de las obras y violaciones de normas básicas de contratación pública, lo que añade más complejidad al caso en cuestión.