VALLADOLID, 30 Sep. - La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una resolución a favor de la Junta de Castilla y León, anulando el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ávila que responsabilizaba a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los años 2010 a 2014.

En febrero de 2022, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León adquirió una finca en Ávila a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Esta finca se encuentra en el Polígono de Vicolozano y se trata de un terreno industrial.

Según la Junta, una vez realizada la compra de la finca, el Ayuntamiento de Ávila inició un procedimiento contra la Sociedad Pública autonómica para reclamar el pago del IBI correspondiente a los años 2010 a 2014, solicitando un total de 85.038,08 euros. La justificación de este procedimiento se basaba en la insolvencia del propietario anterior, que se encontraba en situación concursal desde 2011. Resulta curioso que en ningún momento se solicitó el pago del IBI al propietario posterior, la SAREB.

SOMACyL, a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la responsabilidad subsidiaria impuesta por el Ayuntamiento de Ávila. Sin embargo, este recurso fue desestimado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ávila fechada el 15 de mayo de 2023.

Ante esto, los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León presentaron un recurso de apelación contra dicha sentencia. Este recurso ha sido estimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante una sentencia emitida el 26 de septiembre de 2023. En esta sentencia se anula el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ávila, que ahora tendrá que reembolsar a SOMACyL la cantidad de dinero pagada indebidamente en concepto de IBI.

Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, el Ayuntamiento de Ávila declaró de forma incorrecta la insolvencia del deudor principal, ya que lo hizo sin recurrir al proceso concursal para evaluar las posibilidades de cobro.