24h Castilla y León.

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Estado español impugnará legislación de PP y Vox ante organismos internacionales.

Estado español impugnará legislación de PP y Vox ante organismos internacionales.

El Gobierno ha decidido llevar a cabo acciones legales ante varias instancias europeas e internacionales para impugnar las iniciativas autonómicas sobre Memoria impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Consideran que estas iniciativas van en contra de los principios establecidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada durante la legislatura pasada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez elevará este asunto ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, así como ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, debido a la gravedad que representa, según han informado fuentes de Moncloa.

Además, el Gobierno ha anunciado que si estas comunidades autónomas no retiran los puntos de las iniciativas que vulneran la Ley de Memoria, recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

En Naciones Unidas, el Gobierno solicitará a ambos relatores que evalúen si estas medidas son conformes con los estándares internacionales y los compromisos adquiridos por España en materia de Derechos Humanos, según las mismas fuentes.

En el Parlamento Europeo, se buscará incluir en el orden del día del pleno una discusión y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas sobre este tema.

Adicionalmente, en el Consejo de Europa se invocará la posible violación de disposiciones del Convenio de Derechos Humanos y se promoverá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox.

El Gobierno también informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos sobre la gravedad de la situación. Por último, solicitarán la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España a raíz de la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.