En un giro alarmante en la administración de fondos religiosos, el Arzobispado de Burgos ha informado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre una presunta irregularidad relacionada con las pensiones de las exreligiosas del convento de Belorado. Este asunto, que ha sido objeto de confirmación por parte de Europa Press, revela la posibilidad de que se esté recibiendo una pensión de una monja fallecida hace dos años, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión económica de la institución.

Las anomalías en las cuentas fueron descubiertas tras un examen detallado de los ingresos, donde se identificó una aportación vinculada a una identidad no reconocida. Fuentes del Arzobispado han admitido que surgieron sospechas sobre “alguna monja fallecida” al analizar los datos financieros, evidenciando una falta de transparencia en la contabilidad del convento.

La diócesis ha identificado a la religiosa en cuestión, originaria del convento de Derio, que fue incorporado al de Belorado tras el cierre del primero. Esta monja, cuyo fallecimiento se produjo en abril de 2022, se ha convertido en el centro de una investigación que podría tener repercusiones significativas para el Arzobispado.

La Comisión Pontificia encargada de supervisar las cuentas de las monjas del convento de la Bretonera ha señalado que se encontraron movimientos bancarios anexos a un DNI que no pertenecía a ninguna de las residentes actuales. Ahora, la responsabilidad recae en el Estado para verificar la existencia de esta irregularidad, lo que podría desencadenar una serie de acciones legales.

Si la Seguridad Social determina que ha habido pagos indebidos, el Arzobispado podría verse obligado a reembolsar la totalidad de los fondos recibidos en las cuentas de las exclarisas desde mayo de 2022. Adicionalmente, un especialista en derecho advierte que podría existir la posibilidad de penas de cárcel si se confirma la ilegalidad de estas transacciones.

Mientras tanto, se procederá con una investigación a fondo para esclarecer los hechos y establecer si la comunidad religiosa notificó oportunamente el fallecimiento de esta monja. En caso de que se confirme la irregularidad, el dinero acumulado en estas cuentas desde que el arzobispo de Burgos asumió la administración pontificia deberá ser devuelto.

Por su parte, el Arzobispado comunicó la semana pasada que la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha continuado apoyando económicamente a los monasterios, asegurando que, en diciembre pasado, los gastos totales alcanzaron la suma de 33.681,07 euros. Este respaldo destaca la crítica situación financiera en la que podría estar inmersa la comunidad religiosa, ahora más que nunca expuesta al escrutinio público.