Este lunes comienza un juicio crucial en Valladolid, donde se juzgará a cuatro personas vinculadas a la trágica muerte de dos trabajadores en un accidente laboral ocurrido en febrero de 2020 en Valdenebro de los Valles. Los acusados incluyen tanto técnicos como responsables de una empresa principal, así como de dos subcontratas.

La Fiscalía de Valladolid ha presentado un caso contundente, solicitando penas que acumulan un total de 31 años de cárcel para los cuatro acusados. Se les atribuye la responsabilidad del fatal accidente, donde dos operarios perdieron la vida al caer desde más de 50 metros mientras realizaban tareas de construcción en uno de los doce aerogeneradores de un parque eólico. La tragedia ocurrió en un sector donde las normas de seguridad son fundamentales, lo que añade un gran peso al caso.

En el escrito de calificación provisional, el Ministerio Público clasifica los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores, así como homicidio por imprudencia. Como parte de las sanciones, se exige a los acusados el pago de una multa de 3.240 euros y veintiún meses de prisión por el primer cargo. Además, por cada una de las muertes, se solicitan tres años de prisión, lo que totaliza una pena individual de siete años y nueve meses. Este lunes, 25 de noviembre, los acusados se enfrentarán a este serio cuestionamiento en la Audiencia de Valladolid, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La dimensión económica también es significativa en este caso, dado que la Fiscalía ha demandado indemnizaciones que rondan el millón de euros en total. Esta suma incluye 404.219 euros para la esposa y los dos hijos de uno de los fallecidos, de 46 años, y 507.593 euros para la viuda del otro trabajador, de 55 años, así como para sus hijos, padres y siete hermanos. Los acusados se verían obligados a responder de manera solidaria a estas indemnizaciones, y esto recae sobre las aseguradoras, con la empresa principal y las dos subcontratadas asumiendo una responsabilidad subsidiaria.

El luctuoso suceso se produjo en la mañana del 15 de febrero de 2020, cuando los operarios fallecidos y otros compañeros estaban realizando trabajos en la torre 8 del parque eólico 'Carratorres', en el polígono 13 de Valdenebro de los Valles, donde se erigen aerogeneradores de 120 metros de altura, impulsados por Gas Natural y Fenosa Renovables, mediante la colaboración de varias empresas contratistas.

Durante el inicio de su turno, se planificó que cuatro trabajadores ascendieran a una plataforma ubicada a unos 100 metros de altura, mientras que el resto permanecía en la parte inferior para brindar apoyo. Debido a la limitación del elevador, que solo podía transportar a dos personas a la vez, primero subieron los dos operarios que luego fallecieron, seguidos por otros dos compañeros.

La tragedia tuvo lugar cuando el elevador, al que los dos primeros operarios subieron, se salió de las guías a una altura aproximada de 56 metros, desencadenando una caída mortal. Esta situación ha suscitado una serie de preguntas sobre la correcta implementación de los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo, y la acusación sostiene que el incidente fue una manifestación clara de imprudencia.

La Fiscalía argumenta que el accidente fue resultado de la violación del Plan de Seguridad. Este documento estipulaba que para acceder a la plataforma octagonal conocida como 'Goracon', los operarios debían hacerlo cuando esta estaba en el suelo, prohibiendo categóricamente el uso de la escalera de servicio y del elevador que colapsó. Sin embargo, en la práctica, el equipo fue usado con frecuencia, propiciando un entorno laboral que priorizaba la rapidez sobre la seguridad, lo que resulta inaceptable en el sector de la construcción.

Ante esta realidad, la acusación dirigió su mirada a varios individuos, incluyendo al coordinador de Seguridad y Salud de la obra, Jorge G.M.; el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa principal, Alejandro A.C.; el jefe del Proyecto Técnico de la primera subcontrata, José María D.M.; y el encargado de la segunda empresa subcontratada, Víctor Manuel P.V. Este caso no solo pone de manifiesto la importancia de seguir protocolos de seguridad, sino que también plantea serias implicaciones sobre la responsabilidad en el sector laboral, remarcando la urgencia de un cambio sistémico en la cultura de prevención de riesgos laborales.