BURGOS, 1 de junio.

En un impactante caso que reaviva el debate sobre el bienestar animal en España, la Guardia Civil ha iniciado una investigación contra el dueño de una granja en una localidad burgalesa, bajo la sospecha de haber cometido un delito de maltrato animal por negligencia prolongada. Esta situación ha llevado al sacrificio de dos burros, cuyos graves problemas de salud las autoridades han determinado son irreversibles.

Los hechos se remontan al pasado mes de abril, cuando un vecino alertó sobre la presencia de varios burros vagando sin supervisión por las calles. Esta llamada de auxilio despertó la intervención de la Guardia Civil, que ha emitido un comunicado detallando la situación.

Tras la denuncia, el equipo del Seprona, junto a veterinarios de la Junta de Castilla y León, no tardó en poner en marcha una investigación. A medida que inspectores examinaron la situación, encontraron a los burros en condiciones deplorables.

Durante la inspección de dos instalaciones desatendidas, se halló a diez burros, así como a 50 cabras y ovejas, y un total de veinte perros viviendo en circunstancias alarmantes. Los burros presentaban un evidente deterioro que afectaba su movilidad, debido a la falta de cuidado en sus cascos, lo que resultaba en un sufrimiento constante para los animales.

A pesar de los esfuerzos por brindar atención veterinaria, la gravedad de las heridas llevó al sacrificio de dos de los burros. La situación de los animales en la granja reveló también un entorno insalubre, con heces acumuladas durante semanas y perros sin refugios adecuados, algunos incluso encadenados.

Ante la urgencia de la situación, los agentes decidieron contactar con el Centro Andalusí de Rescate de Caballos en Málaga para colaborar en el rescate y atención veterinaria de los burros, los cuales recibieron tratamientos que incluían radiografías y procedimientos para mitigar su dolor.

Las acciones realizadas han resultado en la acumulación de pruebas que ya han sido presentadas ante los Juzgados de Briviesca. La legislación española contempla sanciones severas para el maltrato animal, que pueden incluir penas de prisión de hasta un año y la inhabilitación para trabajar con animales durante tres años.