Burgos, 7 de mayo. En un giro notable de la gestión de instituciones religiosas, Mario Iceta, comisario pontificio que se ha hecho cargo desde hace un año de los asuntos financieros del convento de Belorado, ha llegado a los Juzgados de Briviesca para declarar en calidad de investigado. Esta comparecencia se produce en el marco de una denuncia interpuesta por exmonjas cismáticas que lo acusan de coacciones, administración desleal y revelación de secretos. A su llegada, Iceta aseguró no tener nada de qué defenderse, afirmando que ha actuado conforme a su responsabilidad designada por la Santa Sede, la cual le respalda por su nombramiento.

Además, Iceta subrayó que en marzo la Fiscalía determinó que no había cometido "ningún ilícito penal" relacionado con las acusaciones en su contra. Aprovechó la ocasión para acercarse a Briviesca con la intención de desvirtuar las afirmaciones con las que ha sido denunciado, calificar la situación como una falacia.

El comisario se refirió a que su labor ha sido reconocida tanto por el Ministerio de Justicia como por el Ministerio del Interior, a pesar del gran número de recursos legales que han surgido en este conflicto. En sus declaraciones, Iceta añadió que el verdadero trasfondo del asunto reside en el intento de las exmonjas cismáticas de transformar una entidad canónica en una civil, situación que han llevado a los tribunales en Madrid.

El arzobispo de Burgos también se pronunció con firmeza en este asunto, indicando que no es posible modificar el estatus de una entidad jurídica canónica a una asociación privada. En este sentido, recordó que los ministerios correspondientes han respaldado esta posición, afirmando que no se puede inscribir una asociación que resultaría de una transformación canónica en el Ministerio del Interior.

Iceta realizó estas declaraciones justo antes de su declaración programada a las 13:00 horas, llegando a los juzgados con antelación suficiente. Lo hizo acompañado de Sor Carmen, representante de la Federación de Clarisas Aránzazu, y Sor Amparo, la única religiosa que se separó del convento en el momento del cisma. Durante su intervención, reveló que han solicitado en seis ocasiones, tanto por burofax como por notificaciones formales, la entrega de documentación del convento, incluidas cuentas y contratos, pero aún no han recibido dicha información. Esta situación ha limitado el acceso a la gestión completa de las finanzas del monasterio.

Las exmonjas cismáticas no han proporcionado "ningún tipo de documentación", lo que ha llevado a Iceta a descubrir gastos poco habituales en el convento. La gestión ha supuesto para la Federación de Clarisas un costo de 360.000 euros hasta la fecha, y solo en el mes de abril se tuvieron que ingresar 20.000 euros adicionales para cubrir gastos operativos.

Este capital se destina a diversos gastos, que incluyen salarios de empleados, servicios de luz y gas, multas, impuestos, arrendamiento de vehículos y seguros, además de la resolución de cuestiones laborales de once trabajadores. Iceta, por su parte, ha rechazado las acusaciones de revelación de secretos, justificando sus acciones en un marco de "transparencia en la gestión" y el deseo de proporcionar claridad, siguiendo el modelo implementado en los obispados.