En un preocupante reporte divulgado por el Ministerio del Interior, se han identificado un total de 100.899 casos activos de violencia de género en España, de los cuales 52.792 involucran a víctimas que tienen menores a su cargo. Estos datos, obtenidos y analizados por el equipo liderado por Fernando Grande-Marlaska, han sido difundidos a través de Europa Press.

A fecha de 28 de febrero de este año, el desglose de estas cifras es alarmante: 10 casos se encuentran en un riesgo extremo, 895 en alto, 13.071 en un riesgo medio, 43.159 en baja vulnerabilidad y 43.764 sin una evaluación clara de su situación. Estos índices ponen en evidencia la situación crítica que viven muchas personas a causa de la violencia machista en el país.

Los números también muestran que 52.792 víctimas de violencia de género están relacionadas con menores, lo que representa un aumento de casi 10.000 casos en comparación con el año anterior. De estos menores, 1.437 están en riesgo de sufrir violencia por parte del agresor de su madre. Dentro de esta estadística, se especifica que cinco menores enfrentan un riesgo extremo, 114 tienen un riesgo alto y 1.318 están en una situación de riesgo medio. Además, se identifican 12.596 casos en los que los menores se encuentran en clara vulnerabilidad.

Por otro lado, el informe destaca 11.019 casos etiquetados como de “especial relevancia”, de los cuales diez están en riesgo extremo, 840 en alto y 10.169 en medio. Estas cifras indican una acechante posibilidad de que los agresores puedan ejercer violencia extrema o letal contra sus víctimas, un hecho que pone en jaque la seguridad de muchas mujeres y sus familias.

Analizando la situación por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa a la cabeza con 26.407 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana con 16.802, la Comunidad de Madrid con 12.710, y otras regiones como Canarias, Galicia y Castilla-La Mancha, que también presentan cifras preocupantes. Esta realidad demanda una atención urgente y comprometida por parte de las autoridades para abordar y erradicar este grave problema social.