Un jubilado burgalés ha sido condenado a 18 años de prisión por enviar cartas explosivas a varias instituciones, incluyendo la Embajada de Ucrania, con el propósito de causar conmoción en la sociedad española y presionar para que España no apoyara a Ucrania en su guerra contra Rusia.

La Audiencia Nacional dictaminó que el acusado actuó con fines terroristas al fabricar y enviar los artefactos explosivos, condenándolo a 10 años por terrorismo y 8 años por fabricación de explosivos con intenciones terroristas.

Las autoridades solicitaron penas más altas, pero la sentencia destaca las pruebas incriminatorias que apuntan hacia la autoría del acusado en los hechos.

Según el tribunal, el acusado confeccionó los artefactos en su casa e introdujo explosivos en cajas de madera para luego enviarlos por correo, etiquetados de forma meticulosa para llegar a sus destinatarios.

A pesar de que los artefactos fueron desactivados o detonados de manera controlada, uno de ellos causó lesiones a un empleado de la Embajada de Ucrania.

El tribunal basó su decisión en diversas pruebas, incluido el seguimiento de los envíos postales desde la provincia de Burgos, donde vive el acusado, y el análisis del contenido de sus dispositivos electrónicos que mostraban su afinidad con Rusia y oposición a la ayuda a Ucrania.

En resumen, la sentencia señala que el acusado buscaba causar conmoción en la sociedad y presionar a los gobiernos de España y Estados Unidos para retirar su apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia, lo que constituye un delito de terrorismo según el Código Penal.