El Grupo Parlamentario Socialista y el procurador de Unidas Podemos han sido los únicos en votar en contra de las propuestas de resolución presentadas por el PP y Vox en el Debate del Estado de la Comunidad. Mientras tanto, el resto de grupos se han abstenido en la propuesta del PP debido a la exclusión de los partidos locales en uno de sus puntos.

En concreto, tanto UPL como Soria ¡Ya! han justificado su abstención durante su intervención, una decisión respaldada también por Ciudadanos y Por Ávila. Ambos partidos han dejado claro su rechazo rotundo a la amnistía, pero han criticado el punto cinco de la resolución por considerarlo excluyente al referirse únicamente a los partidos de ámbito nacional.

Este punto menciona la necesidad de recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional frente a la política chantajista de los partidos independentistas y la receptividad de los partidos que integran el actual Gobierno en funciones. Esta referencia ha impedido que estos grupos respalden la propuesta.

Alicia Gallego de UPL ha enfatizado la postura clara de su formación en contra de cualquier amnistía que se negocie a cambio de una posición política que se ha perdido por parte de quien pretende gobernar. Sin embargo, explicó que su grupo no puede apoyar el texto de los 'populares' debido a la exclusión expresa de las fuerzas políticas de ámbito público.

Por su parte, la procuradora de Soria ¡Ya! Leyla Vanessa García Macarrón, respaldó la postura de UPL y afirmó que están en contra de la amnistía, pero no pueden aceptar la exclusión de formaciones como la suya de cualquier gran pacto político.

La propuesta de resolución firmada por el PP busca manifestar la reprobación de toda negociación política destinada a obtener apoyos parlamentarios para la investidura a cambio de una amnistía expresa o velada, así como de cualquier forma de indulto o beneficio judicial que busque favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de secesión en Cataluña. También rechaza las modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables del llamado 'procés'.