VALLADOLID, 14 de enero. En un reciente informe se revela que el número de solicitudes de justicia gratuita en Valladolid ha experimentado un notable aumento del 16,9% durante el año 2024, superando por primera vez la significativa cifra de 8.000 casos anuales, con un total de 8.304. Este crecimiento destaca un patrón de aumento estable y moderado que, si bien había sido interrumpido previamente por la pandemia y las huelgas en el sector judicial, ahora muestra señales de recuperación.

El motor principal detrás de este incremento se encuentra en el área de Instrucción, que ha registrado un espectacular crecimiento del 36%. Este resurgimiento es especialmente significativo dado el descenso que se observó el año anterior, cuando una gran cantidad de expedientes quedaron sin procesar debido a las interrupciones en los juzgados provocadas por las huelgas.

En contraste, los asuntos relacionados con la violencia de género han mostrado un ligero retroceso, aunque se mantienen en cifras elevadas en comparación con los datos históricos, alcanzando un total de 914 casos atendidos. Este aumento en las solicitudes ocurre a pesar de que el umbral de ingresos para acceder a la justicia gratuita se ha vuelto más restrictivo. Esto se debe a que, aunque el salario mínimo ha aumentado, no se ha ajustado el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), herramienta que determina el acceso a ayudas y subsidios en función de los ingresos.

Fernando Rosat, responsable del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), señala: "El umbral de ingresos para justicia gratuita está basado en el IPREM, que actualmente es inferior al salario mínimo. Esto indica que se está reconociendo la justicia gratuita a colectivos muy vulnerables que atraviesan situaciones económicas complicadas". Rosat también subraya que el límite para una persona que vive sola es de 14.400 euros anuales, mientras que para una familia de tres miembros, es de 18.000 euros.

La justicia penal, que incluye la mayor parte de los casos, ha visto un incremento del 19,6% en el número de asuntos atendidos, alcanzando un total de 5.518 expedientes. Esta cifra representan el nivel más alto en la última década. El notable crecimiento de la Instrucción, que creció un 36,6% después de tocar fondo en 2023 por las huelgas, es el principal factor detrás de este aumento.

Rosat detalla que "los delitos más comunes en la jurisdicción penal son las estafas, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad y las compras por internet, y este aumento en la criminalidad ha derivado en un número creciente de denuncias", de acuerdo con un comunicado de Europa Press.

En el ámbito de la violencia de género, aunque los casos atendidos han mostrado una leve disminución del 7,6%, con un total de 914, esta cifra es la segunda más alta en la historia de las estadísticas y se mantiene en un rango elevado. Es relevante mencionar que las víctimas de violencia de género tienen acceso a la justicia gratuita sin la necesidad de demostrar su nivel de ingresos, aunque el ICAVA no puede atender a aquellos casos donde no existe una relación de pareja con el agresor. Sin embargo, se ofrece este servicio de manera gratuita a mujeres y niñas que han sido víctimas de agresiones y abusos sexuales, gracias a convenios con la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

En el año 2024, se han tramitado 83 expedientes de agresiones sexuales gracias a estos acuerdos, una cifra que sigue creciendo anualmente. Además de los casos relacionados con la instrucción, también ha crecido el número en los Juzgados Penales, con un aumento del 28%, y en la vigilancia penitenciaria, que subió un 29%; no obstante, estas cifras son tan pequeñas que no afectan significativamente a la estadística general, ya que su variación puede cambiar drásticamente con un pequeño número de casos.

Los casos relativos a menores se han mantenido estables, con un total de 315 asuntos tramitados. En el ámbito de otros tipos de jurisdicciones, los asuntos civiles han visto un aumento del 22,6%, superando incluso a los penales con 1.918 expedientes registrados en 2024. Esta subida se atribuye a una vuelta a la normalidad tras el descenso causado por las huelgas de 2023.

En cuanto a las jurisdicciones Social, Extranjería y Contencioso-Administrativa, todas ellas han experimentado un descenso en la tramitación de asuntos en 2024, aunque partían de cifras anormalmente altas el año anterior. La jurisdicción de Extranjería, en particular, ha visto una caída notable del 18,1%, con solo 221 casos atendidos, según Rosat, quien explica que "el año pasado se produjo una especie de efecto llamada para gestionar expedientes en Valladolid, dado el colapso en otras provincias que ahora ya no se vive".

Los asuntos en la jurisdicción Social se han mantenido prácticamente invariables, con 369 casos atendidos, solo con una leve reducción en comparación con el año anterior. Esta cifra sigue siendo alta respecto a la serie histórica, debido a que ha crecido la conciencia entre los trabajadores sobre la posibilidad de solicitar justicia gratuita en el ámbito laboral sin necesidad de justificar la insuficiencia económica.

Por otro lado, en el ámbito contencioso-administrativo, se ha observado una ligera baja del 2,3%, con 254 solicitudes en comparación con las 260 del ejercicio anterior. Estas cifras tienden a variar de manera leve cada año y no parecen estar influenciadas por variables externas relevantes.

La jurisdicción Militar ha permanecido estable, manteniendo 6 expedientes, una cantidad tan reducida que no afecta en absoluto a la estadística general ni está influenciada por factores externos.

El Turno de Oficio en Valladolid cuenta actualmente con 455 abogados inscritos, quienes han atendido los 8.304 asuntos en 2024, lo que se traduce en una carga media de 18 casos de justicia gratuita por letrado al año. En términos de las diferentes jurisdicciones, más del 66% de los asuntos atendidos pertenecen a la categoría Penal, el 23,1% a la Civil, el 4,4% a la Social, el 3% a la Contencioso-Administrativa y el 2,6% a la de Extranjería.

Adicionalmente, las solicitudes presentadas por mujeres víctimas de violencia de género representan un 11% del total de asuntos gestionados por el turno de oficio en el último año. A pesar del esfuerzo de los abogados del ICAVA, la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita ha archivado el 3,1% de los casos atendidos al encontrarse algún tipo de defecto formal en la solicitud, lo que significa que ni el ciudadano se beneficia de la justicia gratuita ni los profesionales son compensados por el servicio prestado.

Rosat también menciona que “un 80% de las solicitudes son finalmente aceptadas, lo que sugiere que los solicitantes suelen cumplir con los criterios establecidos, sin que haya un uso indebido de esta asistencia”. Desde el ICAVA, se denuncia que desde la aprobación del primer Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 2001, el Ministerio de Justicia no ha aumentado la inversión en la infraestructura necesaria para gestionar los expedientes ni la compensación por los servicios prestados en el turno de oficio.

“Además, los módulos de remuneración y el catálogo de procedimientos siguen desactualizados desde 2018”, indica Rosat, quien recalca que “aunque el Reglamento de 2021 asegura que se reconozcan los procedimientos penales donde el abogado interviene debido a una exigencia judicial, en la práctica se niega este beneficio por falta de documentación o se archivan los expedientes por no haber cumplido con el requerimiento”. Con una remuneración promedio de 151 euros por expediente, los abogados del turno de oficio realizan un trabajo que se extiende las 24 horas del día, los 365 días del año.