El día 20 de diciembre, la escena política en Valladolid se agita con el registro de una nueva proposición de ley por parte del Grupo Socialista, que busca establecer una igualdad real y efectiva para las personas LGTBI+ en Castilla y León. Su propósito es poner fin a la situación en la que esta comunidad autónoma se encuentra como la última en regular los derechos de este colectivo. Entre las innovaciones más destacadas de la propuesta se encuentra la inclusión del concepto de "sexilio", un fenómeno que obliga a algunas personas a abandonar su entorno por sufrir discriminación, algo que afecta de manera particular en regiones rurales como la de Castilla y León.

Además, esta iniciativa legislativa no se limita solamente a la comunidad LGTBI+, ya que también abarca otras minorías que han experimentado años de ostracismo, como las personas sin hogar, la etnia gitana y los ancianos que han enfrentado dificultades debido a su orientación sexual. Con esto, el Grupo Socialista también busca resaltar la interseccionalidad de las luchas sociales, subrayando que la discriminación puede presentarse en múltiples formas.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, presentó la propuesta tras su registro, resaltando la importancia de avanzar "artículo a artículo" en lo que él describe como un texto "muy complejo y muy extenso", compuesto por 76 artículos. Tudanca se mostró optimista sobre la posibilidad de "romper un muro" que perpetúa la exclusión y se mostró convencido de que su partido "ganará esta batalla".

En su intervención, Tudanca hizo un llamado al Partido Popular (PP) para que reconsideren su postura y se alineen con un enfoque razonado, citando ejemplos de comunidades como Extremadura y Canarias donde se ha logrado un consenso en cuestiones similares. Además, expresó su preocupación sobre la probable oposición de Vox a esta propuesta y enfatizó la disposición de los socialistas a negociar para lograr la aprobación de la ley, como mencionó el procurador socialista Miguel Hernández, quien ha estado trabajando intensamente en la elaboración de esta iniciativa.

Hernández comentó que uno de los beneficios de que Castilla y León aún no haya legislado sobre esta temática es la posibilidad de enriquecer su texto con las lecciones aprendidas de otras leyes autonómicas, resultando en una normativa "absolutamente completa" que enfatiza las necesidades del medio rural. Este enfoque es clave, ya que muchas de las problemáticas que enfrentan las comunidades LGTBI+ en Castilla y León se ven exacerbadas por su contextura rural.

El Grupo Socialista también insta al PP a no justificarse en la reciente ley nacional de 2023, recordando que las comunidades autónomas tienen competencias vitales en áreas como educación, sanidad y cultura que afectan directamente al colectivo LGTBI+. A modo de ilustración, los socialistas han propuesto implementar políticas inclusivas que permitan alcanzar una verdadera igualdad, poniendo especial énfasis en la necesidad de fortalecer la atención sanitaria con enfoques integrales y multidisciplinarios.

Además, la proposición sugiere que se incluya contenido relacionado con la diversidad sexual en los programas educativos y libros de texto, junto con iniciativas que promuevan la igualdad en los medios de comunicación. La preparación y capacitación de profesionales en sanidad, educación y cultura también forman parte esencial de la propuesta, así como el desarrollo de programas que faciliten el acceso a estas comunidades en zonas rurales, donde la asistencia es más complicada.

Por otra parte, Hernández enfatizó que esta ley no será meramente declarativa; incluye un régimen sancionador para quienes incumplan sus estipulaciones. Las sanciones se clasificarán según la intencionalidad del agresor y la gravedad del riesgo provocado, con el objetivo de prevenir y reparar daños. La intención es que esta ley sirva de herramienta efectiva para eliminar la discriminación y promover un entorno más justo y seguro para todos.

Aunque algunos puedan cuestionar la necesidad de esta legislación debido a la existencia de normativas a nivel nacional, Tudanca insistió en que es imperativo un desarrollo normativo autonómico. Él recordó que otras comunidades han tomado iniciativa en garantizar los derechos de un colectivo que representa entre el 10 y el 15 por ciento de la población.

Tudanca cerró su intervención exclamando que esta proposición de ley es "un grito necesario" para hacer visible la situación del colectivo LGTBI+ en Castilla y León, insistiendo en la importancia de que el PP respalde la consideración de este texto en las próximas sesiones. Durante su discurso, también criticó la idea de postergar este debate bajo la supuesta limitación de discutir solo un proyecto de ley por sesión, usando un tono irónico para señalar la inconsistencia de tal argumento.

Finalmente, cuestionó a los parlamentarios sobre sus prioridades y expresó su desacuerdo con el PP por solicitar sesiones extraordinarias para otros asuntos mientras ignoran la urgencia de proponer cambios significativos en la lucha contra la discriminación. En el contexto de este esfuerzo, el Grupo Socialista ha presentado en las últimas semanas varios proyectos relevantes sobre derechos fundamentales, incluida la norma dedicada a las personas LGTBI+, añadiendo que cualquier impedimento para tratar todas estas propuestas de manera prioritaria es responsabilidad de PP y Vox.