LEÓN, 18 de marzo. En un momento crucial para la gestión de la fauna silvestre, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se prepara para participar en una votación clave que se llevará a cabo este jueves en el Congreso de los Diputados. La discusión se centra en la esperada recuperación de competencias para las comunidades autónomas en cuanto al control de la población de lobos.

Suárez-Quiñones planea asistir a la sesión junto a colegas de otras regiones que comparten su interés por la Ley de Desperdicio Alimentario, una normativa que ha sido objeto de controversia tras la introducción de enmiendas por parte del Partido Popular en el Senado.

Una de las modificaciones que se presentará ante el parlamento español busca derogar la orden ministerial que incluyó al lobo en la lista de especies con protección especial. Esta propuesta ha provocado un intenso debate sobre la gestión adecuada de la especie y sus implicaciones para la ganadería local.

El consejero ha enfatizado que el propósito de la Junta no es fomentar la caza del lobo, sino asegurar una gestión que permita equilibrar la protección de la especie con las necesidades de los ganaderos que practican la ganadería extensiva y semiextensiva. Según su perspectiva, este equilibrio se hizo insostenible desde que, en 2021, se entregó a la especie un nivel de protección que no estaba ni previsto ni exigido por las normativas europeas.

Además, Suárez-Quiñones subrayó los esfuerzos del Gobierno regional en el ámbito internacional, donde el Comité Permanente del Convenio de Berna, que agrupa a 50 naciones, decidió simplificar el régimen jurídico del lobo. Este cambio, a su juicio, es un indicador de la necesidad de adaptar las políticas a las realidades locales.

También hizo mención a la reciente declaración de la Comisión Europea, que el 7 de marzo solicitó al Parlamento Europeo y al Consejo modificar la Directiva Hábitats para que el lobo sea clasificado en un anexo de protección más simple. “No se trata de desproteger al lobo; seguirá existiendo un nivel de protección que sea compatible con la seguridad de nuestra ganadería”, enfatizó el consejero.

En un balance preocupante, recordó que en 2024, los ataques de lobos provocaron la pérdida de 6.000 reses en Castilla y León, un aumento del 40 % en los daños desde que se retiraron las competencias de gestión a las comunidades autónomas en 2021. Esta situación, advierte, está llevando al abandono de la ganadería extensiva y, con ello, a un éxodo de población de las zonas rurales.

“Esto se traduce en un incremento de riesgos como incendios y un control inadecuado de la naturaleza, lo que perjudica tanto a nuestros ecosistemas como a las comunidades locales”, subrayó con preocupación.

Por todas estas razones, ha abogado por el regreso de las competencias autonómicas en la gestión del lobo, haciendo hincapié en que dicha labor debe ser realizada por personal técnico especializado que sepa tomar decisiones informadas sobre el manejo de la especie.

Finalizando su intervención, el consejero resaltó que la falta de gestión regional ha tenido consecuencias perjudiciales, y que si las enmiendas propuestas son aprobadas el jueves, se considerará una victoria significativa no solo para Castilla y León, sino para el país en su conjunto.