VALLADOLID, 28 de noviembre – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido anular, "por cuestiones de forma", la Ordenanza Municipal que pretendía implementar carriles de acceso limitado en la ciudad de Valladolid. Esta normativa llevaba consigo la eliminación de seis tramos destinados a buses y taxis, así como de dos carriles para bicicletas.

Dicha ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre de 2023, y su publicación definitiva tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (BOP) el 15 de noviembre de ese mismo año.

En la práctica, la ordenanza había eliminado los carriles bus de varias arterias clave, como Avenida Gloria Fuertes, Puente del Poniente, Plaza de la Universidad, Calle López Gómez, Puente de Isabel la Católica, y Avenida de Miguel Ángel Blanco. También se desmanteló el carril bici de la Avenida de Gijón y ya se habían comenzado a retirar los accesos en el Paseo de Isabel la Católica.

El tribunal argumentó que la ordenanza "infringe la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial", subrayando que la normativa presentada "no se ajusta a derecho".

Además, el fallo resalta que aunque en el texto se mencionan restricciones al uso de las vías públicas, no se especifica quiénes serían los afectados ni el procedimiento para aplicar dichas restricciones. Este vacío normativo ha llevado a que la regulación quede a la deriva, evadiendo la claridad que una ordenanza municipal debería proporcionar.

Javier Gutiérrez, presidente de Ecologistas en Acción de Valladolid, ha comentado que esta decisión judicial “evoca una sentencia anterior” que fue impulsada y ganada por el Grupo Municipal Popular en 2022, durante la gestión del exalcalde socialista Óscar Puente.

Gutiérrez no ha dudado en expresar su asombro ante la situación, señalando que resulta paradójico que quienes abogan por el cumplimiento estricto de las normas caigan en el mismo error a pesar de haber recibido una sentencia favorable en el pasado.

Por otro lado, el líder de Ecologistas en Acción ha criticado que la sentencia se centre en aspectos formales en vez de abordar el fondo del asunto. En este contexto, la organización había planteado no solo problemas de procedimiento, sino también una serie de argumentos que no han sido considerados por el tribunal en esta ocasión.

Entre esos argumentos, Gutiérrez ha subrayado que cualquier modificación que afecte la movilidad en la ciudad debe someterse a un proceso de consulta con todos los interesados, no simplemente reflejar la voluntad del partido que esté en el poder tras las elecciones. Además, ha argumentado que la Ordenanza podría ser ilegal por no respetar las directrices de movilidad sostenible establecidas por la Ley de Suelo, la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la Ley de Cambio Climático.

En consecuencia, tanto Gutiérrez como Carmen Duce, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, han exigido la paralización urgente de los trabajos, que consideran "sin sustento legal".

“En general, no existe un problema de circulación ni de congestión de tráfico entre el Puente de Poniente y el de Isabel la Católica”, ha declarado Gutiérrez, concluyendo que invertir más de un millón de euros en estas obras carece de sentido.