Una ola de protestas ha sacudido Castilla y León, donde cerca de mil veterinarios se han manifestado en las principales ciudades de la región, haciendo frente a la reciente entrada en vigor del controvertido Real Decreto 666. La normativa, promulgada por el Ministerio de Agricultura el pasado 6 de enero, ha sido calificada por los profesionales del sector como "demoníaca", argumentando que limita su libertad profesional y introduce una excesiva carga burocrática que afectará tanto a su práctica diaria como a la salud de las mascotas.

En Valladolid, esta convocatoria ha reunido a veterinarios y defensores de los derechos de los animales en una concentración frente a las subdelegaciones del Gobierno. Con pancartas que proclamaban el compromiso con el uso responsable de antimicrobianos y la demanda de una profesión veterinaria digna, los participantes expresaron su descontento mediante cánticos que rechazaban abiertamente el decreto, sosteniendo la idea de que la normativa es perjudicial para los animales y sus dueños.

Diversos sindicatos, colegios de veterinarios y empresarios del sector se unieron en esta cruzada, agraviados por un decreto que les impide prescribir y dispensar medicamentos y antibióticos, delegando estas funciones a farmacias y centros de dispensación animal. Esta restricción, a su juicio, despoja a los veterinarios de la capacidad de adaptar tratamientos a las necesidades específicas de cada mascota, perjudicando el bienestar animal.

Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, criticó la falta de atención a las observaciones realizadas durante el proceso de creación de esta normativa, subrayando que la legislación difiere significativamente de como ha sido implementada en otros países europeos, donde se ha buscado mayor flexibilidad. Álamo advirtió que, lejos de combatir la resistencia antimicrobiana, el decreto podría agravarla debido a la imposibilidad de utilizar tratamientos personalizados que han demostrado ser efectivos.

La veterinaria española, que ha reducido el uso de antimicrobianos en un 70% desde 2014, ve ahora amenazados sus logros. La nueva regulación obliga a los veterinarios a cambiar a medicamentos de amplio espectro que podrían no ser los más adecuados para determinadas especies, especialmente aquellas más pequeñas y vulnerables, como aves y hámsters. Este cambio, en opinión de Álamo, pone en riesgo la eficacia del tratamiento, ya que se ignoran criterios profesionales que son esenciales en la práctica veterinaria.

Otros grupos, como los veterinarios de Burgos y León, también alzaron la voz, destacando la inadecuación de la normativa que les obliga a prescribir fármacos fuera de su ficha técnica, comprometiendo la salud animal y la integridad de la profesión. La imposibilidad de utilizar antibióticos de primera elección ha causado gran preocupación, como lo expresó el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano Díez, quien enfatizó que esta situación lleva a los veterinarios a enfrentarse a un dilema ético: tratar a los animales de manera inadecuada o incumplir la ley.

La voz de los veterinarios de Palencia también resonó en la protesta, manifestando su frustración por la desconsideración de su criterio clínico y la imposición de normativas que limitan su capacidad de actuación. Su portavoz, José Gallo, destacó que se sienten cohibidos en el ejercicio de su profesión, mientras que muchos establecimientos que comercializan medicamentos veterinarios no tienen las herramientas necesarias para ajustarse a las nuevas regulaciones.

En Salamanca, un centenar de veterinarios exigieron una regulación justa y adaptada a la realidad del sector, reclamando la libertad de prescripción que actualmente infringe la normativa. Antonio Rubio Blasco, presidente del Colegio de Veterinarios de Salamanca, subrayó la obsolescencia de las fichas técnicas y la carga fiscal, que alcanzan el 21% de IVA, lo cual repercute directamente en los dueños de mascotas.

Por su parte, en Segovia y Zamora, otros profesionales se unieron a la convocatoria, expresando su preocupación por la falta de consulta durante la elaboración del Real Decreto y denunciando un precedente alarmante que limita su capacidad de actuar en beneficio de los animales. La implementación de escalas en la prescripción de antibióticos, como la mencionada por la presidenta de Zamora, Elena Laguno, pone en riesgo la salud de las mascotas al impedir que los veterinarios utilicen su juicio profesional para seleccionar el tratamiento correcto.