VALLADOLID, 29 de enero. En un reciente informe elaborado por los Inspectores de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, se ha constatado una alarmante situación de maltrato animal en un criadero ubicado en Tudela de Duero. En total, se encuentran bajo investigación 12 gallos que sufrieron lesiones por mutilación de crestas y barbillas, todos pertenecientes a la reconocida raza española de gallos combatientes, cuyos individuos suman un total de 132 en la explotación.

Ante estos hallazgos, la Guardia Civil ha comenzado a investigar a un individuo de 51 años de edad, de nacionalidad dominicana, por presuntas violaciones a la ley de bienestar animal. Este sujeto es acusado de llevar a cabo la mutilación de los 12 gallos sin contar con la debida certificación veterinaria, y mostrando un evidente incumplimiento de las normativas sobre la trazabilidad de los animales en su posesión.

La intervención de la Guardia Civil se llevó a cabo el pasado 16 de enero, cuando se localizó un criadero que operaba de manera ilegal en la mencionada localidad. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un total de 136 gallos, todos mantenidos en condiciones inadecuadas, repartidos a través de jaulas, y descubrieron que doce machos presentaban severas lesiones debido a la mutilación de sus crestas.

Los agentes, trabajando en estrecha colaboración con los inspectores de Agricultura, realizaron un recorrido exhaustivo por las instalaciones del criadero y comprobaron que este operaba sin las autorizaciones, licencias y permisos que exige la ley. Este hecho agrava la gravedad de la situación, al tratarse no solo de maltrato animal, sino también de una actividad ganadera completamente fuera de la legalidad.

Además de la instrucción de las correspondientes diligencias penales, el investigado enfrenta múltiples denuncias en el ámbito administrativo. Estas incluyen la realización de actividades sin la necesaria licencia ambiental, la falta de inscripción en el registro de explotaciones ganaderas, y la ausencia de documentación que legitime la amputación de los gallos por razones terapéuticas. Igualmente, se señala la falta de un documento sanitario que garantice el origen de los animales y la ausencia de registro en la Seguridad Social del acusado, lo cual subraya los riesgos y las irregularidades inherentes a su actividad.